La defensa de Maite Zaldívar, exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, ha negado rotundamente que su cliente supiera un hipotético origen delictivo de los fondos que su esposo llevaba a casa y de los que hizo uso; menos aún en un momento en el que ni la Policía ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria ni los tribunales tenían conocimiento de unas supuestas actividades ilegales del exregidor.
El letrado Alfredo Herrera ha admitido expresamente que de 1999 a 2003 Maite Zaldívar, ayudada por su hermano Jesús, ambos acusados de blanqueo de capitales, "realizó una serie de actos de constitución de sociedades mercantiles y de disposiciones de fondos en Suiza y en España cuyos capitales procedían en su mayoría de las actividades políticas de su marido Julián Muñoz", pero ha rechazado que supieran que los fondos pudieran tener un origen delictivo.
En su informe final ante el Tribunal que los juzga, junto a Muñoz, la cantante Isabel Pantoja, y otros acusados, el abogado ha dicho que "desde la óptica actual, esos años no fueron más que la caótica incorporación al Ayuntamiento marbellí de un partido político presidido por el difunto Jesús Gil, que convirtió a la ciudad en su dominio privado, haciendo y deshaciendo a nivel urbanístico a su antojo hasta convertirla en uno de los mayores focos de corrupción conocido en España".
Pero ha insistido en que ese conocimiento público que puede existir hoy sobre la corrupción en Marbella "no existía en los años en los que doña María Teresa Zaldívar no era más que la mujer de un concejal del grupo GIL que llevaba mucho dinero a casa porque todos los políticos de Marbella siempre lo ganaban como aparente consecuencia legal de su dedicación y esfuerzo en hacer prosperar el municipio con el reiterado apoyo de los ciudadanos en las urnas".
Ante esto, se ha preguntado "por qué tenía que saber doña Maite Zaldívar que el dinero que durante más de 10 años había llevado su marido a su casa era ilegal; acaso no podían ser sobresueldos pagados en B, o participaciones en negocios legales con constructores conocidos de la Costa del Sol", apuntando que, a su juicio, no se dan los elementos para condenar por un delito de blanqueo de capitales, pues "la mera sospecha no es suficiente".
"La señora Zaldívar y su hermano estaban convencidos de que el patrimonio monetario de don Julián Muñoz era fruto de sus actividades políticas legales y negocios lícitos con promotores inmobiliarios, creando una apariencia de respetabilidad y admiración ante su propia familia", ha aseverado la defensa, quien ha señalado que ambos han actuado desde la misma posición "de desconocimiento" de ese origen hipotéticamente delictivo.
Ha añadido que a Zaldívar "se le dice que es la primera que tiene que desconfiar de él" y se le exige que "fiscalice las actividades de su marido, aún a pesar de que en esas fechas contaba con la presunción de veracidad que le daba su estatus político y que ningún organismo público había puesto en duda hasta entonces", además de que no había condenas contra Muñoz, considerando que "la lucha contra la corrupción política no puede legitimar el sacrificio del principio de legalidad".
Así, ha reiterado que las acusaciones no han acreditado ese conocimiento, pero ha ido más allá y ha indicado que "tampoco tuvieron conciencia ni voluntad de blanquear" esos fondos, sino que "la señora Zaldívar, ayudada por su hermano, no hizo otra cosa al trasladar el dinero a Suiza que intentar poner a salvo de Julián Muñoz el dinero que quedaba en la casa familiar y que consideraba tan suyo como de su marido".
El letrado ha manifestado que en esta sala se están juzgado "a personas normales, con ira, con rabia, con sentimientos y con emociones" y que las contradicciones y "poca prudencia" de las declaraciones de su cliente ante el juez y en prensa, acusando a su exmarido primero y exculpándolo después, se debieron "a su estado de ánimo como mujer traicionada por su esposo y a su propio desconcierto tras su detención". Así, se ha preguntado qué tenía que haber hecho su cliente para no ser condenada.