Alrededor de un centenar de familias se encuentran "desesperadas", no sólo por las viviendas que la promotora tendría que haberles entregado hace casi nueve años en la zona de la capital gaditana conocida como Los Chinchorros, sino porque también pueden perder todo el dinero que llevan entregado. Y es que en 2011, cuando ya deberían llevar siete años disfrutando de sus casas, la empresa les reclamó el doble del precio acordado por contrato y, al negarse, inició un concurso voluntario de acreedores que está a punto de culminar y en el que se sienten "la parte más débil".
Según ha indicado la Asociación de Afectados por la Promoción de Los Chinchorros en un comunicado, se da la circunstancia, además, de que una decena de familias se encuentran "literalmente desahuciadas por la acción de la empresa", ya que entregaron sus viviendas a cambio de otras en la nueva promoción que nunca ha llegado a culminarse. La promotora se comprometía, entretanto, a hacerse cargo de su alquiler.
Sin embargo, quienes fueran pequeños propietarios de la zona ubicada frente al antiguo cementerio de la capital --donde hay proyectado un parque público-- llevan "varios años sin percibir el alquiler", por lo que se han visto obligados a recurrir a familiares y amigos para tener un techo bajo el que vivir.
También se sienten "estafados" los particulares que compraron de buena fe un piso sobre plano, y que mucho se temen que puedan "perder los ahorros de toda la vida", ya que reconocen tener escasas esperanzas en que finalmente les entreguen las viviendas.
Destacan que, actualmente, lo que tendría que ser una promoción de 171 viviendas --78 de VPO y 93 de renta libre y permutas-- sigue siendo una obra que no está "ni al 50 por ciento de ejecución", pues la empresa no comenzó los trabajos hasta 2007 alegando "problemas urbanísticos" y se paralizaron en 2009. Hasta hoy, sólo ha dado cobijo a ocupas, teniendo que proceder el Ayuntamiento de la ciudad a tapiar los accesos.
Un "laberinto" de empresas
Explican desde la asociación de afectados que el proyecto empezó en el año 2000 de la mano del promotor J.L.C.P., de 'Somos ya cinco 95', quien más tarde se asocia con J.G.T. y la promotora pasa a ser 'Arrecife Costa Bahía' --participada por 'Somos ya cinco 95' y 'Goncava'--. En 2010 adquiere participaciones 'Unión Parque Bahía' y cambia su denominación a 'Promociones Arrecife 2010'.
Ese año, la promotora contacta con los compradores para pedir "el doble" de lo estipulado, siendo esa supuesta "adaptación de los precios al mercado actual" su "única" estrategia para dar viabilidad al proyecto, junto a la obtención de subvenciones e ingresos por alquileres de VPO.
En este sentido, destacan que hay varias sentencias firmes de diversos juzgados de primera instancia y secciones de la Audiencia Provincial de Cádiz que acuerdan el cumplimiento de los contratos, estableciendo, entre otras cuestiones, que "el incremento del precio es un riesgo del empresario" y, además, "no puede exonerarse con la alegación de dificultades económicas".
En cualquier caso, previa solicitud de la promotora alegando una supuesta situación de insolvencia, el Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz declaró el concurso voluntario de acreedores el 12 de diciembre de 2011.
La Asociación de Afectados por la Promoción de Los Chinchorros, que aglutina a buena parte de los perjudicados, se constituyó a fin de defender unos derechos que sienten "pisoteados", si bien se vienen topando con la "actitud obstruccionista de la promotora".
Explican desde la asociación, que al iniciarse el proceso concursal, los propios administradores concursales manifestaron voluntad de favorecer un plan de viabilidad que pudieran plantear los acreedores/perjudicados. Sin embargo, al solicitar la "documentación mínima" para llevar a cabo dicho plan, encontraron que la promotora "se niega" y no favorece la aportación de dicha documentación, lo que, en su opinión, "evidencia sus intereses especuladores".
Así las cosas, la asociación ha pedido la documentación al Juzgado, aunque aún se encuentra "a la espera". Asimismo, ha solicitado "de urgencia" una reunión con todas las partes implicadas --administradores concursales; la promotora; La Caixa, que financia la promoción, y los acreedores/perjudicados-- y que esperan que se celebren "en los próximos días".
Subrayan que su objetivo es defender los derechos de los permutantes que hoy se encuentran "desalojados y en el límite de la exclusión social al no abonarles los alquileres comprometidos", y también de aquellos compradores que entregaron "una suma importante y, a día de hoy, no tienen ni casa ni dinero".