El alcalde de Aguilar de la Frontera (Córdoba), Francisco Paniagua (PSOE), ha declarado ante el titular del Juzgado de lo Penal número dos de Córdoba que cuando otorgó en 2006 la licencia de obras para la construcción de la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del municipio había informes "favorables" de los técnicos del Ayuntamiento, que se aprobaron por unanimidad en Junta de Gobierno, sin que le constara que fuera suelo no urbanizable la zona.
En su declaración ante el magistrado, el regidor ha recordado que "el proyecto de actuación", que permitió la habilitación de un terreno del municipio para la instalación de una ITV, se aprobó por el Ayuntamiento de Aguilar años antes de que él fuera alcalde, en 2002, cuando era alcaldesa Carmen Flores (IU). Y en 2006, Paniagua dice que se limitó a aprobar la licencia de obra, con dichos informes "favorables", concretamente de la arquitecta municipal y de la abogada del Ayuntamiento.
Asimismo, manifiesta que desconocía que Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (Veiasa) de la Junta de Andalucía explotara los servicios de ITV en la comunidad, algo que supuestamente no estaba previsto para la estación de Aguilar, aunque asegura que ahora se han iniciado trámites para la licencia de otra actividad, que no es ITV, en la nave construida, pero sobre la misma licencia de obra, como ha apostillado.
Mientras, el exsecretario general del Ayuntamiento aguilarense ha reafirmado que los informes técnicos para otorgar la licencia eran positivos, además ha agregado que también había informes favorables de la Consejería de Obras Públicas de la Junta. Por su parte, el entonces concejal de Urbanismo ha declarado ante el juez que no estuvo presente en la Junta de Gobierno en la que se aprobó el expediente, en el que él tampoco participó, según ha indicado.
Cabe destacar que el fiscal acusa tanto al alcalde, como al edil de Urbanismo y el secretario municipal de la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio en relación con la concesión en 2006 de la licencia de obras para la construcción de la ITV, y pide un año de prisión y ocho de inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública para cada uno de ellos.
CARTAS "SIN RESPUESTA"
Entretanto, el particular que denunció la supuesta ilegalidad al fiscal, Francisco Maestre, ha manifestado ante el magistrado que envió al Ayuntamiento una carta en 2007 preguntando por la construcción de dicha ITV, tras observar "un cartel en uno de los pilares" de la zona, que marcaba el terreno de suelo no urbanizable, aunque dice que no sabía que estaba recalificado, ni que se hubiera declarado de utilidad pública, y ha agregado que no tuvo respuesta a ninguna de las cartas que envió a tal efecto al Consistorio.
Por otro lado, la exalcaldesa de IU en Aguilar, Carmen Flores, ha comentado que la declaración de utilidad pública del terreno en su etapa era para la puesta en marcha del proyecto de ITV, aunque dice que no recuerda que se hablara con la Junta de Andalucía para la instalación de dicha estación por parte de Veiasa.
En concreto, en 2008, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Aguilar determinó abrir diligencias previas, a instancias de la Fiscalía y tras la denuncia previa del citado particular. De hecho, el juzgado aguilarense llegó a acordar aquel mismo año la suspensión y paralización cautelar de las obras de la ITV, si bien determinó poco después levantar dicha medida cautelar y permitir la ejecución de la nave.