El exalcalde de Canillas de Aceituno (Málaga) José Manuel Aranda ha mostrado su conformidad con la pena de 3.600 euros de multa y 10 años de inhabilitación solicitada finalmente por la Fiscalía por la concesión de una licencia irregular. Asimismo, en el juicio, celebrado este lunes en el Juzgado de lo Penal número 1, el ministerio público ha retirado la acusación a otros seis entonces concejales, entre ellos la actual alcaldesa, Pilar Ortiz.
Esta causa tiene su origen en la solicitud de una licencia por parte de un particular en septiembre de 2005 para la construcción de una vivienda unifamiliar en un paraje sobre suelo clasificado como no urbanizable, según la acusación, que sostiene que se tramitó el proyecto de actuación, que fue aprobado en marzo de 2006 en el pleno con los votos de los acusados. En diciembre, el entonces regidor concedió por decreto la licencia de obras.
Por estos hechos, la Fiscalía inicialmente acusaba a todos los procesados de un delito contra la ordenación del territorio por la aprobación del proyecto de actuación, solicitando dos años de prisión y 10 de inhabilitación; mientras que a Aranda le acusaba, además, por otro delito en relación con la concesión de la licencia de obra, por lo que la pena solicitada para él era en total de cuatro años de cárcel y 20 de inhabilitación.
Finalmente, el ministerio público ha retirado la acusación por la aprobación del proyecto de actuación y ha modificado la pena pedida por el otorgamiento de la licencia, fijándola en una multa, en vez de prisión, de 12 meses a 10 euros diarios; e inhabilitación por 10 años. El exregidor ha reconocido la concesión del permiso y tanto él como su defensa han mostrado su conformidad con las penas solicitadas por el fiscal.
El letrado defensor de Aranda, José Carlos Aguilera, ha explicado que esta conformidad y la modificación de la pena solicitada es fruto de un acercamiento de posturas entre la defensa y la Fiscalía y ha señalado que respecto a su cliente y a la petición de pena se seguirá la misma línea en los otros tres casos que están pendientes de juzgar, apuntando que en dos de ellos no se empezó obra y está decretada la caducidad de la licencia.
Respecto a la aprobación del proyecto de actuación, ha indicado que se verá y analizará cada caso concreto la posibilidad de retirar la acusación, en función de las circunstancias del proyecto y su justificación; aunque ha apuntado que se ha llegado al entendimiento de que "en ningún caso se trataría de un delito urbanístico".
