La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha hecho balance este viernes de la oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Córdoba acogida al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, destacando que durante los tres meses y medio de funcionamiento ha logrado evitar 84 desahucios.
En declaraciones a los periodistas, ha precisado que desde la puesta en marcha del programa, este punto de atención ha tramitado un total de 107 expedientes, de los que 16 se abrieron en el ámbito de la prevención (14,9%), 84 en el área de la intermediación (78,5%), y siete en protección (6,5%).
En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar. Estas 16 familias atendidas han recibido información y asesoramiento, evitando preventivamente la amenaza del derecho a la vivienda.
La intermediación es la más demandada por los cordobeses y está destinada a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de desahucio. En este ámbito, los afectados acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios. De las 84 familias atendidas, la oficina ha resuelto favorablemente 49 casos y los restantes 35 se encuentran abiertos y con expectativas favorables de resolución.
Asimismo, de los 49 casos resueltos, 33 lo han sido con intermediación temprana, donde la solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas.
Las oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita. Los restantes 16 expedientes cerrados con una solución satisfactoria, hasta alcanzar los 49 casos, lo han sido mediante negociación con la entidad financiera y los juzgados, a través de las fórmulas de la dación en pago, el alquiler social, la renegociación de las condiciones del préstamo hipotecario o la paralización de subastas y lanzamientos.
Mientras, las siete familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución.
En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas.