La Comisión de Pleno de Servicios a la Ciudadanía celebrada esta mañana ha abordado como asunto importe para la ciudad, la adhesión del Ayuntamiento de Jerez al convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas, impulsado por el Gobierno central y suscrito con la Federación de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector y 33 entidades de crédito.
El portavoz del Gobierno local, Antonio Saldaña, que ha comparecido en rueda de prensa con los delegados de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, y Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, Agustín Muñoz, ha destacado que se trata de “una medida que demuestra la sensibilidad de este Gobierno municipal ante problemas de importante calado social y de los que somos conscientes de la necesidad de dar una respuesta. Es una medida solidaria con las familias en una situación de especial vulnerabilidad social”.
Antonio Saldaña se ha referido igualmente a que, junto a esta acción concreta, el Gobierno municipal ha adoptado otras como “no ejecutar ningún desahucio en viviendas públicas. Desde que iniciamos la legislatura no hemos iniciado ningún expediente de desahucio en las viviendas públicas de la ciudad, a pesar de que el número de impagos ha pasado de 3,28% al 9,8% desde 2008. Este gobierno ha apostado por alcanzar acuerdo con las familias afectadas y buscar alternativas. Sólo en 2012 se han realizado desde Emuvijesa más de 20.000 gestiones relacionadas con estos procesos”.
El portavoz ha recordado, por otro lado que “el Ayuntamiento ha sido el segundo ayuntamiento de España y el primero de Andalucía en crear una Oficina de Intermediación Hipotecaria, que ha atendido más de 400 peticiones desde que se creó en abril del año pasado”. Por otro lado, este gobierno “ha aprobado también el Reglamento de viviendas de emergencia social, que se han incrementado de 4 a 20 viviendas y cuyo objetivo a corto plazo es intentar duplicarlas. Hay también que aclarar que con este gobierno, quien adjudica estas viviendas son los técnicos de Bienestar Social, en base a un baremo con criterios técnicos, y no desde Emuvijesa y con criterios políticos como se hacía antes. Lo que sí hacen los técnicos de la empresa municipal y de Bienestar Social es asesorar e informar conjuntamente a las familias sobre la solución que puede tener su problema”.
“La ampliación de la Casa de Acogida a familias monoparentales y destinar partidas específicas para atender a personas con dificultades, que tuvo una dotación de 100.000 euros en 2012 y de 150.000 en 2013” son también otras medidas adoptadas por el gobierno local así como la ampliación de la oferta de 209 viviendas en alquiler con opción a compra. “En definitiva –ha resumido Antonio Saldaña- este gobierno está poniendo encima de la mesa medidas concretas que demuestran su sensibilidad para paliar este problema de tanto calado social”.
Por su parte, el delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, ha explicado que el Ayuntamiento colaborará con este convenio “elaborando los informes técnicos realizados por la delegación de Bienestar Social. Igualmente, los técnicos de Emuvijesa y de Bienestar Social asesorarán a las personas que nos pidan información sobre este tema. Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a dar la máxima información y difusión a la existencia de este Fondo Social de Viviendas. En definitiva, se trata de una medida justa y solidaria que vendrá a resolver en parte una situación muy difícil de algunas familias”.
Tanto Agustín Muñoz como la delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, han informado que las condiciones fijadas por el Gobierno para las familias demandantes son no superar una renta de poco más de 19.000 euros al año; no ser propietario de ninguna otra vivienda; ser familia numerosa o monoparental, con dos o más hijos y estar en situación de desempleo y haber agotado el cobro de la prestación.
La delegada de Bienestar Social ha hecho hincapié en que “serán los informes técnicos de la delegación que se remitan a las entidades bancarias las que determinarán la situación de las familias y que cumplen los requisitos fijados por el Gobierno central. Será en marzo cuando las entidades de crédito remitan al Ayuntamiento las viviendas disponibles”.
La delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud elevará al Pleno, que se celebrará el próximo viernes, esta propuesta de adhesión al Fondo Social de Viviendas constituido por unas 6.000 viviendas de alquiler, que serán aportadas por las entidades financieras, y a las que podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social.
Estas viviendas del Fondo Social podrán ser arrendadas por dos años, que se puede prorrogar un año más, por un precio social de entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
Para optar a una de estas 6.000 viviendas quienes hayan sido desahuciados deben dirigirse a la entidad financiera que cursó su proceso de ejecución hipotecaria o desahucio. Los servicios sociales serán los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes que se encuentren en situación especial de vulnerabilidad social.
