La Diputación de Granada ha aprobado en pleno con los únicos votos del equipo de gobierno, del PP, la tasa provincial por la prestación del servicio de tratamiento de residuos municipales tras la disolución del Consorcio Resur, la cual ha sido rechazada por los grupos del PSOE e IU al considerar que es injusta y "de dudosa legalidad", puesto que usa el valor catastral como referencia.
El vicepresidente segundo de la Diputación de Granada y diputado de Medio Ambiente, José Robles, ha defendido que con esta tasa, que asciende a unos 20 euros anuales, "paga quien más tiene", ya que la superficie de la vivienda es una de las variables del citado valor catastral y "parece lógico pensar que en una casa más grande donde puede vivir más gente, también se generen más residuos".
Además, ha opinado que existe "una correlación directa entre el poder adquisitivo y la generación de residuos", un planteamiento sobre el que, según ha explicado, ha trabajado la Diputación y que se complementa con las bonificaciones del 50 por ciento planteadas para familias numerosas y pensionistas.
Estos argumentos han sido rechazados por el diputado socialista José María Aponte, quien opina que esta tasa "castiga" a los ayuntamientos que sí han ido respondiendo a los pagos por el servicio frente a los que no, los cuales son en su mayoría "del PP", según ha puesto de manifiesto el diputado.
Por ello, Aponte ha reclamado al equipo de gobierno que "dé libertad" a los municipios que están cumpliendo con los pagos para que sigan haciendo el abono en el mismo sistema que hasta ahora y ha pedido bonificaciones "reales", condicionantes que de haber sido tenidos en cuenta hubieran fpropiciado el voto favorable de los socialistas, según ha expuesto Aponte.
Por su parte, el diputado de IU Antonio Molina ha señalado que esta tasa debe ser proporcional al coste del servicio, algo que a su entender no sucede, y la ha rechazado por considerar que tiene una "clara vocación ideológica". De hecho, ha advertido que la intención de esta medida es "arrebatar competencias a los ayuntamientos aprovechando que han sido especialmente los del PP los que no pagaron el servicio a Resur", como a su juicio evidencia que sólo dos de estos dos municipios populares "acumulen el 50 por ciento de la deuda".
REGLAMENTO
Por otra parte, el pleno de la institución provincial ha procedido a la aprobación definitiva de la modificación del reglamento orgánico provincial relativa al régimen jurídico del personal directivo de la institución, una medida que ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno, del PP, y el rechazo de los grupos del PSOE e IU.
El diputado de Función Pública, Francisco Maldonado, ha explicado que la intención es profesionalizar la función directiva en la institución, destacando que las modificaciones aplicadas en el reglamento han sido puestas en conocimiento de los técnicos y cuentan con su respaldo.
No obstante, los grupos municipales de la oposición han puesto en duda la legalidad de la medida, refiriéndose a un informe de la Intervención que, si bien no es vinculante, consideran "demoledor" respecto a las pretensiones del equipo de gobierno. Asimismo, han vinculado esta decisión con su pretensión de "enchufar" a simpatizantes en cargos directivos, "frustrando" las expectativas laborales de los funcionarios de la institución.
En lo relativo al área económica, la diputada responsable del área, Inmaculada Hernández, ha dado cuenta del informe de Intervención y de Tesorería sobre cumplimiento de plazos de la ley de morosidad y del informe del interventor relativo al cumplimiento del Plan de Ajuste, un asunto del que se ha destacado la reducción a 60 días del plazo medio de pago a los proveedores.
La institución provincial ha aprobado además un expediente de modificación presupuestaria de gastos de unos 50.000 euros y un reconocimiento extrajudicial de crédito de más de 88.000.
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