El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ve "insólito" y una "expresión de inmovilismo radical" el hecho de que el Grupo Socialista en el Congreso presente el próximo martes en el Pleno una moción para pedir la retirada del anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) cuando éste todavía no ha llegado a la Cámara baja para su debate.
"Siendo franco, lo veo bastante insólito porque es confundir el plano del trabajo legislativo y lo que tiene que hacer la oposición en el seno de un régimen parlamentario como el nuestro", asegura el ministro en una entrevista con Europa Press, en la que recuerda que lo que tiene que hacer el PSOE, cuando el texto llegue ya como proyecto de ley a la Cámara baja, es "preparar una enmienda a la totalidad" si cree que no debe prosperar. "Así cumplirá con su deber parlamentario", apostilla.
"Se trata de un inmovilismo de tal naturaleza que rechaza, si quiera, entrar en discusión sobre el argumento que, a su vez, tiene que ver, en el caso de la LOMCE, con la necesidad que pocos ponen en duda de reformar y mejorar nuestro sistema educativo. Entonces, al final del día, lo que uno se encuentra es que el argumento central acaba en una defensa del 'estatu quo' que resulta incomprensible", asevera.
No obstante, subraya la "necesidad y conveniencia" de acordar con el principal partido de la oposición los "aspectos fundamentales que tienen que ver con la arquitectura del sistema educativo y con sus contenidos principales" que, a su entender, "son perfectamente susceptibles" de acordar, al margen de cuestiones que estén "más influidas por algunos aspectos ideológicos".
"Si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en aspectos medulares y demostrarle a la sociedad española que no va a ser objeto de controversia si cambia el signo político del Gobierno, habríamos hecho algo mucho más útil que pedir la retirada de una ley que todavía no ha ingresado en el Parlamento", asevera el ministro
Igualmente, ha criticado a quienes piden también la retirada del informe de expertos sobre el sistema universitario español. "Yo creo que hemos llegado ya al paroxismo", asevera, para añadir que el hecho de que se pida la retirada de un informe, "que no es una pieza legislativa ni una decisión administrativa", es, a su juicio, "ejercer lo que antes hacía la Inquisición con los libros prohibidos".
LAS CC.AA DETRACTORAS TENDRÁN QUE APLICAR LA LEY
Sobre el rechazo al anteproyecto manifestado por varias comunidades autónomas --Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco y Andalucía--, el ministro ha recordado el trabajo "intensísimo" de diálogo que se ha hecho en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, pero ha advertido de que su oposición al anteproyecto "nada tiene que ver con su obligación de aplicar la ley", una vez que se apruebe.
"La aplicación de las leyes básicas no es dispositiva. Claro que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han tenido que aplicar la Ley Orgánica de Educación (del Gobierno socialista) y por supuesto el PP había votado en contra de la misma", aclara.
No obstante, asegura que "cabe la posibilidad" de que lo que no se haya acordado en las reuniones con las comunidades autónomas, como es la arquitectura del sistema o la inmersión lingüística, sean "susceptibles" de consensuar con los grupos en debate parlamentario del texto, "si existe esa voluntad de acuerdo".
