El alcalde de Carboneras (Almería), el independiente Salvador Hernández, declara como imputado este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vera en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar si está incurriendo en presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al no ejecutar las sentencias firmes que declaran como "espacio protegido no urbanizable" el paraje de El Algarrobico y sitúan al hotel de Azata del Sol al margen de la Ley de Costas.
El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández (Gicar) a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico.
En concreto, denunció que no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para el establecimiento de 411 habitaciones y una veintena de plantas.
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vera, donde recayeron las diligencias previas después de que se inhibiera el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, fija la comparecencia en sede judicial de Hernández las 10,00 horas.
Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
"ABSOLUTA MALA FE"
"A pesar de las numerosas resoluciones en contra, el Ayuntamiento de Carboneras continúa dando validez a este cambio sin expediente alguno e interpreta con absoluta mala fe que las resoluciones judiciales le ordenan seguir manteniendo la clasificación de área urbanizable, a sabiendas de que lógicamente las resoluciones judiciales ordenan lo contrario", según explicaba el colectivo conservacionista.
La normativa municipal en vigor, en la que el sector ST-1 aparece como urbanizable, fue aprobada en 2009 por la corporación local carbonera, entonces gobernada por el socialista Cristóbal Fernández.
El TSJA acordó cuatro meses después prohibir Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtió de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.
La denuncia contra el actual regidor recordaba este episodio a la Fiscalía y sostenía que, desde ese momento, el Ayuntamiento "ha venido actuando con total impunidad haciendo caso omiso a los numerosos autos y sentencias contrarias a la clasificación del Algarrobico como urbanizable".
Hernández trasladó tras conocer su imputación estar "muy tranquilo" y defendió que, desde que asumió la Alcaldía en 2011, "no se ha modificado la situación heredada" del regidor anterior, el socialista Cristóbal Fernández.
"La criatura de El Algarrobico tiene unos padres con nombres y apellidos en el anterior gobierno local y autonómico, y no son los de esté alcalde", indicó el regidor, para quien resulta "cuanto menos llamativo" que, a lo largo del conflicto generado en torno al hotel de Azata del Sol que se remonta a 2003, "no se haya llamado a declarar a ningún consejero, alcalde o presidente de comunidad autónoma".
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