La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha recordado este lunes que, hace un año, ya avisó que "el Gobierno del PP" había decidido "privatizar la seguridad de los centros penitenciarios", y en el caso concreto del Centro Penitenciario de Alcolea, en la capital cordobesa, será el próximo 1 de abril cuando comenzará "la privatización de la seguridad en la prisión de Córdoba".
A través de un comunicado, AUGC ha explicado que, "si bien en un principio ralentizaron su plan para llevar a cabo dicha medida, sobre todo debido a la frontal oposición que encontraron en AUGC y otras organizaciones, ahora que las aguas se han calmado han decidido retomar el asunto".
De hecho, según esta organización de guardias civiles, "hace unos días ha llegado a la Unidad de Seguridad Penitenciaria de Córdoba una orden de la Dirección General de la Guardia Civil anunciando que a partir del próximo 1 de abril se incorporarán a la prisión de Córdoba varios vigilantes de seguridad privada como 'refuerzo' a los componentes" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que prestan servicio en los centros penitenciarios, medida que afecta en principio a 21 centros penitenciarios del país.
En dicho documento se afirma, según AUGC, que "en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto", pero a continuación añade que "en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada".
A AUGC no le cabe ninguna duda que "la intención del Gobierno es llevar a cabo en un futuro no muy lejano esa sustitución progresiva, porque de no ser así no habría adoptado la medida que comienza el 1 de abril, sobre todo teniendo en cuenta que la Unidad de Seguridad Penitenciaria de Córdoba (igual que las otras afectadas) no precisa actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada".
Ahora se confirma lo que AUGC avisó hace un año, "que el deseo del Gobierno del PP de 'recolocar' al personal de las empresas de seguridad privada afectado por la reducción de escoltas en el País Vasco no era sino una burda excusa para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porque no son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio".
Según AUGC, "cuando este plan de privatización avance y entre en fase de 'sustitución progresiva', afectará a cerca de 2.000 guardias civiles en todo el país, de los cuales más de 60 se encuentran destinados en prisión de Córdoba. Por ello, los afectados se sienten engañados por el PP, puesto que en el programa electoral con el que esta organización concurrió a las elecciones generales no constaba que tuvieran la intención de adoptar dicha medida. De hecho, en reiteradas ocasiones los máximos representantes del PP han negado que fueran a privatizar servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la seguridad, pero ahora ha quedado claro que sí van a hacerlo".
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