Los trabajadores de Mercasevilla, la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, han celebrado este lunes una concentración a las puertas del Ayuntamiento hispalense, que celebra un pleno ordinario, para luchar contra la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado, extremo que implica casi cien despidos. Mientras el Consistorio ha aprobado ya de manera inicial una modificación de los reglamentos de Mercasevilla para materializar la liberalización, los trabajadores niegan que el marco legal europeo obligue a externalizar los trabajos de la lonja de pescados y avisan de la paralización de las negociaciones emprendidas con el Gobierno municipal del PP sobre este aspecto y el nuevo convenio colectivo.
Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa, ha dicho a Europa Press que después de los primeros encuentros celebrados en torno a la liberalización de la lonja de pescado, no han mediado nuevos encuentros, toda vez que el convenio colectivo expiró el 31 de diciembre de 2011. El día 5 de abril, una representación de la plantilla se reunirá con el diputado nacional de IU José Luis Centella para que eleve al Congreso de los Diputados una iniciativa.
El Consistorio, como se ha señalado, ha aprobado ya de manera inicial la modificación de reglamentos necesaria para materializar la liberalización de los servicios de la lonja de pescado, lo que en la práctica se traduciría en el despido de casi un centenar de los 198 trabajadores de Mercasevilla. Los empresarios mayoristas de pescado se han ofrecido a contratar en la medida de lo posible a los empleados que se vean afectados por los despidos, pero naturalmente en condiciones al margen del convenio colectivo de esta sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y la empresa estatal Mercasa.
EXPEDIENTE EN LA COMISIÓN EUROPEA
La liberalización de los servicios de la lonja parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.
Y es que ya en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso del cobro que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 y ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).
EL PRONUNCIAMIENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.
En este escenario, el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluía que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitaban una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados".
El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resoluciones definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación, toda vez que el derecho comunitario sería "inaplicable" en este caso al estar la empresa exclusivamente sujeta a la "regulación estatal".