El vicesecretario político del Partido Comunista de Andalucía (PCA) en Huelva, Daniel Hernando; el secretario de organización de CCOO, José Manuel Valderas, y dos personas más se han declarado este viernes inocentes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, en relación a los actos realizados durante la última huelga general, el pasado 14 de noviembre, después de que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional informara de oficio a los juzgados sobre los hechos acontecidos durante esa jornada, motivo por el que se le solicita una sanción que podría ascender a los 60.000 euros.
En declaraciones a Europa Press, Hernando ha indicado que han contado los hechos al juez y tanto él como los demás citados se han declarado inocentes. En total, han sido 13 las personas afectadas, nueve de las cuales, afiliados a UGT y CCOO, ya declararon el pasado mes de marzo.
Daniel Hernando ha insistido en que son "falsos" los hechos que aparecen en la iniciación del expediente sancionador emitido por la Subdelegación del Gobierno y que dice que "dirigió al grupo de personas que se abalanza contra un agente de la Policía" en el edificio de la Delegación provincial de Hacienda, Educación, Agricultura y Pesca de la Junta. Sin embargo, Hernando asegura que "sufrieron una carga policial y fueron receptores de la misma sin hacer nada".
Cabe recordar que en un principio se interpuso una denuncia vía administrativa por estos hechos, por los que se le propuso una sanción de 60.000 euros, sanción por la que desde el PCA presentaron alegaciones.
En estos momentos, la vía administrativa ha quedado paralizada, manteniendo la sanción, a expensas del proceso judicial, según señala Hernando. A su vez, ha recordado que presentó alegaciones contra esta propuesta de sanción puesto que "nada de eso se produjo", según ha asegurado, al tiempo que ha criticado que "una veintena" de miembros del PCA en Huelva se hayan visto afectados por procesos sancionadores con diversas cuantías, que oscilan los 300 euros.
SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, se ha pronunciado sobre este asunto y, sin querer hacer valoraciones, ha remarcado que a consecuencia de los acontecimientos de la última huelga general se instruyó un expediente sancionador y se le dio traslado a la autoridad judicial sobre la actuaciones de determinadas personas.
A su vez, ha incidido en que "naturalmente" la Policía Nacional o Guardia Civil acude cuando se convoca una manifestación para "proteger el derecho a los ciudadanos de la manifestación y a la libre circulación". Por ello, no entiende la queja emitida este jueves por la integrante del secretariado provincial de CCOO, Julia Perea, quien tildó de "medida intimidatoria" el hecho de que cuando hay algún conflicto laboral y los trabajadores "se concentran, se haya pedido permiso o no para ello, aparezca automáticamente la Guardia Civil".