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Jueves 14/11/2024
 

Córdoba

La Policía Autonómica incauta 6.597 boletos ilegales de una organización no autorizada para el juego

Son cupones que distribuye de forma ilegal en la provincia cordobesa la Organización Impulsora del Discapacitado (OID)

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Miembros del Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Córdoba han intervenido 6.597 cupones ilegales de la Organización Impulsora del Discapacitado (OID), una entidad no autorizada para el juego.

   Según ha informado la Junta de Andalucía, de los boletos incautados, 5.810 de ellos fueron interceptados por los agentes de la Policía Autonómica en la sede de la citada organización en Córdoba capital y otros 787 fueron intervenidos en poder de dos vendedores, localizados en sus inmediaciones. El valor de los mismos en su venta en la calle hubiese alcanzado los 6.597 euros, a un euro por cupón.

   Esta operación del equipo policial perteneciente a la Consejería de Justicia e Interior ha culminado tras el establecimiento de un operativo de vigilancia desplegado por los agentes y que ha concluido con la denuncia a la OID por no estar autorizada legalmente a realizar este tipo de juego.

   Con esta nueva intervención, la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta continúa con las operaciones que viene desarrollando en toda Andalucía para luchar contra el juego ilegal. Así, intervinieron 31.649 boletos de loterías ilegales en 2012, una actuación que ha crecido un 47,7% respecto a 2011. Por otro lado, estos agentes incautaron también 130.220 cartones de bingos ilegales requisados, un 107% más que el año anterior.

   La Policía Autonómica viene denunciando a estas organizaciones en diferentes provincias andaluzas por desempeñar una actividad de forma ilegal y por no encontrarse autorizados ni dados de alta en la Seguridad Social sus vendedores para el desarrollo de esta tarea. Igualmente, los responsables de estos boletos no autorizados tampoco abonan las tasas fiscales correspondientes, lo que supone un fraude para la hacienda pública.

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