El secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha pedido hoy a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, que se una a los regidores del PP de Castilla León y Galicia “y se rebele contra la reforma local” propuesta por el Gobierno de Rajoy: “Tiene la oportunidad de anteponer los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas de Ronda a los intereses de su partido”, ha dicho Conejo, al tiempo que ha animado a Fernández a que sea “valiente” y se alinee con los alcaldes de su partido “que defienden a sus pueblos frente a un Gobierno que quiere imponer una reforma que es lesiva para los municipios”.
El responsable socialista, acompañado de la portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Ronda, Teresa Valdenebro, ha participado hoy en Ronda en una de las recogidas de firmas dentro de la campaña emprendida en toda la comunidad por los socialistas andaluces contra la reforma local. Conejo ha asegurado que la medida supondrá que el municipio pierda las competencias en materia de servicios sociales, igualdad o educación: “El centro de la UNED o las políticas de juventud que desarrolla el Ayuntamiento de Ronda están en peligro con esta reforma. Es un atropello a la autonomía local del municipio. La alcaldesa tiene que decidir si está a favor del Gobierno y en contra de sus vecinos o viceversa”, ha explicado.
Asimismo, ha señalado que la iniciativa del PP es especialmente dañina para los municipios de la Serranía de Ronda. “La Serranía la conforman pequeños municipios que con la propuesta del Gobierno prácticamente desaparecerían”, ha alertado, al tiempo que ha criticado que el PP “considera que los pequeños municipios no son viables”. “Los socialistas creemos que son fundamentales para la cohesión social, para la vertebración de Andalucía y para garantizar que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades vengan de donde vengan”, ha subrayado.
Conejo ha insistido en que la reforma del PP “no sirve para generar empleo ni riqueza o salir de la crisis económica, sino todo lo contrario: contribuye a la destrucción de empleo público que se estima en 40.000 puestos de trabajo en Andalucía y más de 200.000 en el conjunto del país. Lo que verdaderamente persigue es la privatización ahora de los servicios públicos municipales", terminó.
