Por 20 votos a favor, los 16 en contra del PP y la abstención de CiU y el PNV, el informe se trasladará ahora al Gobierno para la elaboración de un proyecto de Ley del aborto que tendrá en cuenta las recomendaciones de la comisión de expertos convocada por el Ministerio de Igualdad.
Las nuevas condiciones para abortar se incluirán en el marco general de una norma sobre derechos y salud sexual y reproductiva en el ámbito de la Salud Pública, con “la consiguiente derogación del delito de aborto del Código Penal”.
Así, se establecerá un periodo en el que las mujeres podrán interrumpir su embarazo sin alegar causa, y una serie de “indicaciones”, como que exista un grave peligro para la embarazada o graves anomalías, malformaciones o enfermedades en el feto, que permitirán abortar más allá de ese plazo inicial.
El texto también precisa que las jóvenes de más de 16 años no tendrán que contar con el consentimiento de sus padres para someterse a esta práctica y que se “clarificará” la objeción de conciencia de los médicos.
Además, apuesta por facilitar el “apoyo institucional del Estado” a todos los que llevan a cabo abortos y trabajan por “la dignificación de esta prestación sanitaria”. También se deberán adoptar medidas normativas complementarias para garantizar plenamente el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
La portavoz del PSOE en la comisión, Carmen Montón, afirmó que con la reforma se “elimina la inseguridad jurídica, se establece la sanidad pública como garante del derecho a abortar y se pone fin a la inequidad territorial”.
Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, ha acusado al PSOE de “utilizar el Parlamento como coartada a sus intereses” al acelerar los debates de la subcomisión e “imponer” un texto de conclusiones elaborado sin consultar con otros grupos.
“El objeto de la subcomisión no era decidir si el aborto es bueno o malo, sino dar mayor seguridad jurídica a las mujeres”, argumentó Montón, quien reprochó al PP que critique las formas “para intentar deslegitimar el fondo” y que “haga mucho ruido para desviar la atención de problemas internos suyos”.
El PP, cuyo voto particular ha sido rechazado, expresó que una Ley de plazos como propone el informe es inconstitucional, por lo que ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada.
El hecho de que los plazos vayan a ser determinados por el Gobierno ha motivado las críticas de varios grupos que han anunciado que discutirán este concepto en el proceso de tramitación de la Ley.
Así, la representante del BNG Olaia Fernández subrayó que el informe no garantiza el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su embarazo puesto que deja la decisión de interrumpir el mismo en el último momento en manos de “jueces y médicos”.
En nombre de ERC-IU-ICV, el diputado Joan Tardá, consideró que “no sería de recibo que el Gobierno remita a esta cámara un proyecto de Ley por debajo de lo que hoy se aprueba y se traicionen las conclusiones”, por lo que adviertió contra la posibilidad de que el texto “se derechice por necesidades de pactos”.