La Policía atribuye un delito contra las altas instituciones del Estado a los ochos activistas de Greenpeace detenidos este jueves tras llevar a cabo una protesta en el Congreso de los Diputados en la que llegaron incluso a encaramarse en el tejado del edificio para manifestar su rechazo contra la nueva Ley de Costas.
Según recoge el Código Penal en su artículo 493 esta acción podría llegar a ser castigada con hasta cinco años de cárcel: "los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años".
En el momento de la protesta, los diputados se encontraban en el interior del hemiciclo debatiendo sobre la Ley de Costas. Al menos tres activistas de Greenpeace consiguieron sortear la acción de la Policía y saltaron una valla que actualmente rodea el perímetro del edificio por obras.
Posteriormente aprovecharon el andamiaje de estas obras para llegar hasta el tejado donde han mostrado una pancarta en la que se podía leer: 'El PP vende nuestras costas'. Uno de ellos ha llegado a descolgarse con una cuerda por la fachada de la entrada principal -habitualmente cerrada--.
COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Los ocho detenidos se encuentran en las dependencias policiales de Moratalaz (Madrid), donde han sido trasladados tras su arresto a la espera de ser puestos a disposición judicial. Los delitos contra las altas instituciones del Estado son competencia de la Audiencia Nacional.
Ya en el pasado este tribunal se ha mostrado reacio a asumir investigaciones por la comisión de este presunto delito a raiz de concentraciones llamando a rodear el Congreso de los Diputados. Los detenidos tras los incidentes registrados en este tipo de manifestaciones finalmente eran trasladados a los juzgados de Instrucción de Madrid donde eran juzgados por delitos como desórdenes públicos o atentado contra la autoridad.