La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada esta semana, ha supuesto terminar 70 años de pleitos de los propietarios de unas viviendas en la playa de La Antilla (Huelva), que han visto como sus casas no corren peligro de ser derribadas.
Una situación que había hecho que los propietarios de las viviendas organizasen hacen 10 años una plataforma conjunta, pero ahora, la nueva normativa, excluye del dominio público marítimo terrestre "núcleos de población del domino público al considerarlos innecesarios para la protección de la costa".
Se calcula que en Andalucía se beneficiarán de esta medida 3.604 viviendas, 1.962 en Huelva, pero en el caso de La Antilla, las concesiones realizadas a mediados del siglo pasado se habían convertido en un problema para sus propietarios, que no tenían a mano argumentos legales para evitar quedarse sin las casas.
La acción conjunta de las casas de La Antilla la encabezaba medio centenar chalés incluidos en el listado publicado por Costas, que consideran que las escrituras de propiedad de sus casas son muy anteriores a la Ley de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, y en 2006 recibieron la notificación de Costas de que se derribarían las edificaciones, argumentando que las casas están dentro del dominio público.
Ya entonces, el director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández, se mostró confiado en una pronta resolución, sobre todo en base a las negociaciones que los ayuntamientos pudiesen hacer con los propietarios.
Esas negociaciones, en el caso de Lepe no prosperaron, ya que, entre otras cosas, se planteó una permuta de terrenos para dejar "limpio" el litoral de ladrillos, lo que no fue aceptado por los afectados, eso incluso a pesar de que Costas llegó a poner como condición el derribo de los chalés de primera línea de playa para darle el visto bueno al PGOU del municipio.
Actualmente, los propietarios de las viviendas contaban con una concesión de 30 años que firmaron en 1996, y que a su vez prorrogaba la de mediados del siglo pasado, que ahora ha quedado salvada por la nueva normativa.
Llamativo es el hecho de que La Antilla contaba hasta principios de los años 90 con un hotel justo en su arena, el Miramar, que tuvo una concesión de 20 años, y cumplido ese plazo fue derribado voluntariamente por sus propietarios, que con un poco de tramitación podrían haberlo mantenido en pie hasta hoy.