El Consejo Consultivo de Andalucía ha desestimado la reclamación de la Confederación Provincial de Comercio y Servicios de Sevilla (Aprocom), que pedía que se le indemnizara con cuatro millones por los perjuicios al sector empresarial por el retraso de las obras de la línea 1 del metro.
La reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración hecha por Aprocom, que se presentó en julio de 2008 en la Consejería de Obras Públicas y Transportes, pretendía que se indemnizara a la confederación para reinvertirlo en "proyectos adecuados para el sector" para restaurar la actividad anterior.
La comisión permanente del Consejo Consultivo, en un dictamen al que ha tenido acceso Efe, considera ajustada a derecho la desestimación de la reclamación, por lo que ve "innecesario" valorar la cuantía y el modo de la indemnización.
El Consultivo considera "fundada" la duda sobre la legitimación de Aprocom para la reclamación, ya que su representación y defensa de asociados no le habilita para solicitar una indemnización para el sector empresarial.
Además, los documentos aportados no acreditan que haya resultado como tal damnificada por el retraso de las obras del metro, ni ha justificado que a través suya se hayan encauzado acciones individuales de reclamación de sus asociados, ha añadido.
La cuantía global que se reclama "no representa la medida del resarcimiento", es decir, la reparación integral de daños individualizados, "sino una cantidad que tendría como destino el desarrollo de proyectos adecuados para el sector", añade el Consultivo, que concluye que en la reclamación quedan "desdibujadas" las características de la responsabilidad patrimonial.
Ha manifestado que la entidad reclamante "no ha demostrado la efectividad del daño" y que "en ningún caso podrán resultar indemnizables daños meramente hipotéticos y expectativas de ganancias, por mucho que sea evidente que una obra pública causa a los ciudadanos y a los comerciantes de la zona molestias de todo tipo".
Asimismo, ha añadido que "es más que evidente" que los perjuicios denunciados por Aprocom "no alcanzan la consideración de lesión antijurídica", con una reclamación "genérica" y que alude "de forma imprecisa" a los daños, "sin ponerlos en relación con las cargas que han sufrido otros ciudadanos no comerciantes ni con el actuar administrativo".
Por el contrario, el Consultivo entiende que de lo actuado en el procedimiento se demuestra que la Administración ha orientado su actividad "a la satisfacción de intereses públicos", adoptando las medidas necesarias para compatibilizar las obras con el desarrollo de las actividades mercantiles e industriales afectadas.