El proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, establece que la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades adelantará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la comunidad autónoma no la oferte en el sistema público o el concertado, como han denunciado algunos padres que ocurre en Cataluña, aunque luego lo recuperará detrayéndolo de la financiación autonómica.
Para ello, la memoria económica de la LOMCE se reserva un presupuesto de cinco millones de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si 1.000 alumnos solicitan ejercerlo. La cantidad podría ser mucho menor, pues Cataluña dice que en un año sólo lo han solicitado 17 familias. No obstante, se trata de un adelanto económico, pues Educación se cobrará la factura de los fondos que correspondan a Cataluña en el marco de la financiación que emana de la Administración General del Estado.
Se introduce así una novedad en el texto que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso respecto del planteamiento inicial, que establecía la obligación de la comunidad autónoma de pagar el colegio privado si no ofertaba el castellano en el sistema público. El Consejo de Estado dijo en un dictamen sobre la norma que con esta imposición se invadían competencias, porque el Gobierno no podía determinar el destino del dinero autonómico. Con la nueva fórmula, el concernido es el dinero de la Administración General del Estado.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Educación, José Ignacio Wert, ha incidido en que se trata, en todo caso, de "algo muy excepcional" que en las disposiciones adicionales de la LOMCE "se plantea como subsidiario, hasta que la administración educativa correspondiente sea capaz de ofrecer una formación en centros sostenidos con fondos públicos en la que el castellano sea también vehicular".
"Este es un mecanismo excepcional y transitorio. En la medida en que la administración educativa tenga la capacidad de garantizar una oferta razonable en centros sostenidos con fondos públicos para atender esa demanda, el mecanismo no entra en vigor", ha señalado Wert, para destacar que no se trata de "una fórmula de garantía de una escolarización plena en castellano", sino de que, en línea con las sentencias del Tribunal Constitucional, junto a la educación vehicular en lengua cooficial "se pueda optar también" por el castellano como vehicular.
En este sentido, ha concretado que no afecta a sistemas que practican el bilingüismo integrado, "donde la norma no supone ninguna innovación", como en la Comunidad Valenciana, o de sistemas donde existe dicho "bilingüismo integrado con sistemas de uso preferente de la lengua cooficial pero que contemplan también el castellano como vehicular", como es el caso del País Vasco.
En cuanto a ese cálculo de 5 millones de euros por cada mil alumnos que requieran este apoyo estatal ante la falta de oferta en su comunidad autónoma, Wert ha dicho que se trata de "una hipótesis" basada en "algunos supuestos comprobados", es decir, en "el número de familias que ha hecho reclamación a la administración educativa porque deseaban que sus hijos se escolarizasen en castellano". "Sobre esa hipótesis se ha hecho este cálculo, pero es un cálculo sin más", ha agregado.
LAS RECLAMACIONES, POR VÍA ADMINISTRATIVA
Según fuentes del Ministerio de Educación, estas familias deberán reclamar por vía administrativa primero a la consejería de educación autonómica. En caso de respuesta desfavorable, deberán dirigirse al Gobierno a fin de que la Alta Inspección del Estado, a quien se dotará de mayores competencias para estos fines, investigue la oferta educativa en un proceso que tendrá además en cuenta las alegaciones de la comunidad autónoma en cuestión.
Si los inspectores de la Administración General concluyen que, efectivamente, el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos está comprometido, la Secretaría de Estado de Educación pondrá los medios para derivar "de forma transitoria" al alumno a un colegio privado donde se dé esta escolarización, en tanto el Gobierno autonómico soluciona el problema.
Al cabo del curso, Educación echará cuentas y quitará lo que se haya gastado de la partida que el Estado vaya a destinar a Cataluña en el marco de la financiación autonómica, de manera que será la Generalitat quien lo acabe pagando, pues es la administración que "está incumpliendo" las sentencias del Tribunal Constitucional.
Quedan para la negociación las aristas de la "proporción razonable" de enseñanza en castellano que según el alto tribunal se debe ofrecer, ya que el Gobierno no va a entrar en porcentajes y dice estar dispuesto a negociar las condiciones siempre y cuando se garantice que "no se rebasa el límite" de la inmersión lingüística, es decir, que no se excluye la escolarización en castellano.
Las fuentes consultadas han asegurado que "en meses de negociación no ha habido ni una propuesta concreta" por parte de Cataluña, que se habría limitado a "criticar" el planteamiento del Ejecutivo, quien sostiene que "no es ni complicado ni costoso" asumir cierta oferta de castellano "aunque sea pequeña", como hacen otras comunidades.