La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha confirmado la sentencia que condenó a una multa de 300 euros a la concejal de Servicios Sociales, Consumo, Inmigración y Dependencia en Santa Fe, la socialista Sonia Raquel Canalejo Fernández, por una falta de lesiones tras propinar durante una discusión una bofetada a una vecina, a la que causó una contusión mandibular izquierda.
En el fallo, que adelanta este lunes 'Onda Cero Granada' y que declara firme la sentencia dictada en su día por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Fe, los magistrados desestiman los argumentos esgrimidos por la concejal para apelar la resolución. En primer lugar, consideran que el juez de Primera Instancia no erró en la apreciación de la prueba, y, en segundo, creen ajustada la cuantía de la multa impuesta.
De hecho, señalan que la cifra de 300 euros es "muy próxima al mínimo legal e inferior al salario mínimo", y advierten de que para modificarla "tendría que haberse constatado, y no ha sido así, que se encontraba en una situación de indigencia". "Una cifra menor habría que considerarla insuficientemente reparadora y disuasoria, por lo que la sanción penal no cumpliría adecuadamente su función de prevención general positiva", apuntan en la nueva resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En el fallo ahora confirmado, el juez consideraba probado que el 15 de febrero de 2011, sobre las 20,15 horas, en la reunión de la Junta General Ordinaria de la comunidad de propietarios del Edificio Columbus III de Santa Fe se produjo una discusión "por cuestiones de la comunidad", momento en que la procesada lanzó una bofetada a la vecina, causándole la lesión por la que tardó en sanar cinco días.
El juez estimó "lógico y coherente" el relato de la denunciante, que, según declaró en el juicio de faltas celebrado el 28 de marzo de 2012, fue agredida cuando iba a mediar en una discusión entre su marido y la concejal socialista, que alegó por su parte que sólo se produjo una "mera charla vecinal".
La sentencia incluye además la obligación de la condenada a indemnizar en la cantidad de 150 euros a su víctima, por las lesiones sufridas, y al pago de las costas procesales.