El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido hoy, jueves, una reunión con representantes de la Plataforma de Afectados por los Desahucios del Campo de Gibraltar, a los que ha expuesto la política del Equipo de Gobierno sobre este tema, que se resume en la máxima colaboración con las familias que no pueden afrontar el pago de las hipotecas debido a la crisis económica. El teniente de alcalde José Antonio Rojas también ha asistido al encuentro.
Esta colaboración se extiende tanto a los posibles afectados por impagos en viviendas del parque municipal que gestiona Emroque, así como a los de promociones privadas. En el primer caso, el Ayuntamiento ofrece medidas como el aplazamiento del pago de la deuda, mientras que en el segundo se brinda asesoramiento y mediación con las entidades financieras para llegar a acuerdos que eviten que las familias acaben en la calle. El alcalde se ha comprometido hoy a que desde los servicios municipales se informará a las familias de la existencia de la Plataforma para que recurran a la misma si lo estiman oportuno.
Hay que recordar que el 16 de junio finaliza el plazo para solicitar la inclusión entre los beneficiarios de la medida recogida en el Decreto Antidesahucios de la Junta de Andalucía, por la cual se facilitarán alquileres sociales a las familias con dificultades para afrontar el pago del alquiler o de la hipoteca, a través de expropiaciones temporales de un máximo de tres años.
En este sentido, y en cumplimiento con lo estipulado en el convenio firmado con la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento se va a facilitar asesoramiento a los vecinos del término municipal que pudieran beneficiarse de esta medida, y se informará de los casos a la oficina autonómica que se ha puesto en marcha en Algeciras.
En lo que respecta al parque municipal de viviendas, el alcalde explicó a los miembros de la Plataforma de Afectados por los Desahucios del Campo de Gibraltar la línea de actuación que se está poniendo en práctica. Todos los casos se estudian de manera individual para conocer el grado de cumplimiento y el interés que se haya podido mostrar en pagar los alquileres. Si el impago ha comenzado cuando la familia se ha quedado sin ingresos debido a la crisis, el Ayuntamiento busca soluciones y no se procede al desalojo.