La Fiscalía de Sevilla ha pedido un año de cárcel y 2.700 euros de multa para los dueños de una empresa constructora por los ruidos de un motor que instalaron en un bloque de pisos, lo que causó "graves molestias" a los vecinos del piso bajo, que eran incapaces de conciliar el sueño.
El escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente, al que ha tenido acceso Efe, se dirige contra Juan José B.M. y Lucía L.O., dueños de la empresa constructora, y Joaquín L.B. encargado del seguimiento diario de la empresa, por las obras realizadas en la calle Rubén Darío 13 de Utrera (Sevilla).
Según la Fiscalía, a raíz de la falta de presión suficiente en los pisos superiores, que fue advertida una vez habitadas las viviendas, la empresa instaló, "sin adoptar previamente medida alguna de insonorización, un motor en una zona común del edificio que lindaba con el dormitorio del bajo derecha".
El aparato causó "graves molestias" a los moradores, que "eran incapaces de conciliar el sueño", pues el ruido generado "era superior al admitido en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía", cuyos valores máximos excedía en 12,4 decibelios.
La empresa constructora acordó someterse a un laudo, resuelto en diciembre del 2008, pero "lejos de cumplir su contenido, los acusados ignoraron su contenido a sabiendas de la repercusión que ello tendría en la salud" del matrimonio afectado.
La imposibilidad de lograr un descanso normalizado generó ellos "problemas de ansiedad y cefaleas", en el caso de la esposa, e hipertensión en el marido, lo que los obligó a abandonar la vivienda pues las molestias se mantenían en el 2010, por lo que la Fiscalía solicita que cada uno sea indemnizado en 2.000 euros.
En el 2012, dado que ya habían dejado de habitar en la casa, estos síntomas "habían remitido aun cuando presentaban ambos todavía síntomas puntuales de ansiedad compatibles con la interferencia que en sus vidas había provocado el exceso de ruido sufrido durante años", según el escrito de acusación.
El coste de restauración de la legalidad e insonorización de la máquina estaba tasado en marzo del 2010 en 902 euros, precisa el fiscal, que imputa a los acusados un delito contra el medio ambiente.
Junto a la pena de un año de cárcel, multa de 2.700 euros y el pago de las indemnizaciones, el fiscal solicita que cada acusado sea condenado a dos años de inhabilitación para el ejercicio de actos de construcción.
Además reclama que el juzgado les condena a "restaurar la legalidad alterada" en un plazo de dos meses desde que haya sentencia firme.