El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, que ha dado a conocer este miércoles la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el presupuesto municipal de 2012 por suprimir la paga de productividad a los funcionarios, ve esta resolución una "bofetada" al equipo de gobierno del PP, y un ejemplo de sus "chapuzas" e "ilegalidades".
En rueda de prensa, Puentedura ha considerado que el fallo "obliga al Ayuntamiento de Granada a tener que pagar las productividades a los empleados municipales que eliminó ese año" y da la razón al sindicato CCOO "cuando en su recurso argumentó que el Ayuntamiento, unilateralmente y sin negociación sindical, había eliminado ilegalmente la productividad general".
Según ha explicado el portavoz de izquierdas, el cumplimiento de esta sentencia obligará a una modificación presupuestaria "para que se recoja en cuantía suficiente la productividad que en el año 2012 de forma ilegal eliminó el Ayuntamiento, lo que supondrá un gasto extraordinario de 1.846.000 euros". De este modo los cerca de 2.800 funcionarios municipales recuperarán la productividad "que se les quitó, de forma irregular". Es por ello que Puentedura ha mostrado su "satisfacción" por que los empleados municipales puedan ver restituidos unos derechos laborales y salariales "que injustamente el equipo de gobierno del PP les quitó".
No obstante, el portavoz municipal de IU lamenta que este sea "un ejemplo más de las chapuzas e ilegalidades del gobierno municipal del PP y de su máximo responsable, el alcalde de Granada". Además, ha señalado "que el cumplimiento de la sentencia costará cerca de dos millones de euros a la ciudad, todo ello porque el Ayuntamiento no negoció con los sindicatos e impuso una ilegalidad con la aprobación del presupuesto municipal".
El concejal de la coalición ha destacado "que esta sentencia no sólo es una bofetada al concejal de Economía", Francisco Ledesma, sino también al de Personal, Juan Antonio Fuentes, y al alcalde de Granada, José Torres Hurtado y ha advertido de que la sentencia deja claro "que el convenio laboral recogía la obligación de pagar esta productividad y que no hubo acto administrativo por el cual ni el Ayuntamiento denunciase el convenio en 2012 ni anulase este complemento salarial, con lo cual tenía plena vigencia y debía ser incluido en el presupuesto municipal para 2012".
Puentedura también ha recordado "que la elaboración de este presupuesto, fue la excusa que el alcalde de Granada dio para ascender al concejal de Economía a Teniente de Alcalde, subiéndole el sueldo en 8.000 euros anuales", y "ahora el tiempo demuestra que este presupuesto además de ilegal es una chapuza que costará una suma importante a la ciudad de Granada, por no haber previsto un gasto que era obligatorio".