La mayoría absoluta con que cuenta el Partido Popular en el Ayuntamiento de Estepona provoca que los plenos extraordinarios como el que se ha celebrado hoy, convodado por la oposición, no tengan otro sentido que el que PSOE y CIE puedan expresarse sobre cuestiones que consideran importantes para la población, ya que ni uno solo de las diez puntos del orden del día ha contado con los votos a favor de los integrantes del equipo de Gobierno.
El momento más destacado ha llegado en el último de ellos, cuando el primer edil, José María García Urbano, ha anunciado que Estepona retoma los trabajos para un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), partiendo de los trabajos que comenzó en el año 2004 Enrique Bardají.
Seggún el primer edil, la decisión viene adoptada por imposición del Decreto del Litoral de la Junta de Andalucía y debe estar concluido en dos años.
Otros asuntos
Ha sido un pleno en el que la oposición llevaba muchos asuntos, pero en el que no se ha aprobado absolutamente nada, pues eran todas propuestas de la oposición.
Entre otras cuestiones se ha debatido sobre las retribuciones de los concejales integrantes del gobierno local, que llegan a percibir hasta 65.000 euros anuales, y de los catorce cargos de confianza con los que en estos momentos cuenta el alcalde y con unas retribuciones que llegan hasta los 50.000 euros al año.
La oposición ha solicitado la modificación de la ordenanza de la tasa por consumo de agua doméstica, en cuanto a la medición del control de consumo trimestralmente, pasando el mismo a mensualmente. Piden también la eliminación del canon de desalación del uso de las aguas de los pozos propios municipales, no aplicándose dicha cantidad por desalación a esas aguas. Juan Manuel Rodríguez y Manuel Aguilar se han enfrentado en este punto, pues el portavoz de CIE criticaba que se está cobrando 0,18 céntimos por metro cúbico de agua que sale de pozos a pesar de que no se trata en la Desaladora de Marbella, mientras el edil popular explicaba que el coste del metro cúbico es de 0,24 pero se le aplica un descuento del 25% porque es el porcentaje de agua de pozo que se utiliza respecto a la que distribuye Acosol.
Se ha debatido también sobre la enajenación de viviendas y locales comerciales de propiedad municipal, que la oposición propone destinar a aquellas familias con necesidades económicas. La edil de Urbanismo, Susana Arahuetes, ha explicado que no puede hacerse ya que las viviendas de EMMVIES son en régimen de venta y eso "no se puede cambiar". PSOE y CIE han acusado a los populares de no poner en marcha ninguna promoción de viviendas sociales, a pesar de que el Ayuntamiento cuenta con más de 1.000 solicitudes, según afirmó la propia Arahuetes en su intervención.
Tampoco han prosperado las propuestas para que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan de empleo y otro dirigido a emprendedores. Desde el Consistorio se argumentaba que la situación viene motivada por la "deuda que dejó David Valadez", aunque Manuel Aguilar ha asegurado que en 2013 "año de las inversiones, el nivel de desempleados ha descendido cuatro meses seguidos".
El edil de Hacienda ha respondido también a la propuesta de la oposición sobre una revisión de los valores catastrales afirmando que ya se ha solicitado y que a partir de enero de 2014 "los valores catastrales bajarán un 27%, como mínimo".
