El bufete Ortiz Abogados ha presentado a la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, 60 casos de clientes de la provincia presuntamente estafados por el escándalo de las participaciones preferentes, a los que no se les llegó a realizar el test de conveniencia a la hora de comprar este producto financiero tal y como exige la Comunidad Económica Europea.
El abogado José Luis Ortiz decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía y dar parte al fiscal jefe del Tribunal Superio de Justicia de Andalucía, tras llegar a la conclusión de que la mayoría de los expedientes que llegaban a su despacho tenían un denominador común, y es que observó que las oficinas de Bankia en la provincia utilizaban test predeterminados, cumplimentados de manera informática y de forma unilateral por la entidad financiera, sin intervención alguna del inversor. “Empleando un ejemplo práctico, es como si una persona pretende contratar un seguro de vida y el cuestionario de salud lo rellena la aseguradora y no el interesado”, destaca Ortiz.
Por tanto, el objetivo del letrado es demostrar que de esta manera Bankia no actuó de forma aislada y puntual “sino masivamente”, ya que la misma operación se repite en varias oficinas de la provincia. Es decir, “que los test han sido un paripé a los que no se les ha dado la utilidad que tienen que es informar exhaustivamente al cliente para que sepa el producto que está contratando. Estos test ponen de manifiesto que Bankia se ha cachondeado de la clientela y ha insultado su inteligencia”, expresa Ortiz.
Con la denuncia, el letrado pretende que el departamento de Delitos Económicos de la Fiscalía tome cartas en el asunto “porque podemos estar ante un delito masivo de falsedad en documento bancario mercantil o estafa a inversores, previsto en el artículo 248 del Código Penal, en relación con el artículo 182”.
De comprobarse la información aportada por el bufete, la Fiscalía tendría a su disposición una herramienta de suma importancia para apoyar a los pequeños ahorradores que se han visto enredados en este escándalo financiero, y que se pueden contar por cientos de miles en el caso de Andalucía.
Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la comunidad autónoma puede haber 300.000 afectados por el fraude de las participaciones prefrentes y subordinadas. Hasta ahora, son pocos los que se han atrevido a denunciar y un 1% ha conseguido recuperar el dinero. En su mayoría los estafados son personas mayores de 60 años, sin apenas estudios.