En el caso Mercasevilla vuelve a abrirse una nueva vía de investigación, la operación Madeja, a partir del enriquecimiento personal del que fue director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del Grupo Socialista, quien ayer fue detenido, junto a su mujer y a dos empresarios, acusado de haber recibido presuntamente regalos a cambio de adjudicaciones de contratos.
La operación, ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por orden del juzgado de Instrucción 6 que dirige Mercedes Alaya, comenzaba este martes a las ocho de la mañana con las cuatro detenciones practicadas y el inicio exhaustivo de hasta seis registros, incluyendo los dos domicilios de Castaño y su mujer, el despacho de abogados de ésta, y las sedes de las empresas Fitonovo y Fiverde, de las que, supuestamente, Domingo Enrique Castaño recibió regalos a cambio de la adjudicación de contratos de mantenimiento.
La pieza, separada de las diligencias que se practican por la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, ha sido declarada secreta mientras los cuatro detenidos siguen bajo custodia de la Policía (ante la cual aún no habían declarado al cierre de esta edición) hasta que sean puestos a disposición judicial y mientras se analiza la abundante documentación incautada, según fuentes judiciales consultadas por Viva.
Más detenidos
Además de a Castaño, la Guardia Civil ha detenido a su esposa, Ana María Vaquero; al administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Paloma; y al exadministrador de la empresa de servicios fitosanitarios Fiverde, Ángel Manuel Macedo, mientras que ha imputado a otras dos personas. Al primer empresario se le imputan los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, mientras que al segundo se le suman los de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y exacción ilegal.
La operación Madeja parte de las supuestas irregularidades en la adjudicación de los suelos de Mercasevilla a Sando, partiendo de la investigación que la jueza Mercedes Alaya ordenó a la Guardia Civil que practicara ante el enriquecimiento “sospechoso” de Castaño, que finalmente ha sido cifrado por los investigadores en unos 300.000 euros. Las fuentes consultadas aseguran que puede haber más implicados en la causa.
De regalo, un Audi
En el auto que abrió la investigación, la magistrada concluyó que “procede profundizar sobre la investigación patrimonial” de Castaño “y de su entorno”, en concreto de su esposa, todo ello “por si pudiera haberse debido dicho enriquecimiento al pago de algún tipo de comisión ilegal, ya sea dineraria o en especie”, y a fin de “confirmar o descartar la comisión de otros delitos distintos de los hasta ahora investigados”.
Así, y en relación a la investigación patrimonial de este imputado, los agentes de la UCO han detectado que el exasesor socialista, en su puesto de director del área de Vía Pública, podría haber recibido dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas referidas, dádivas entre las que se encuentra un vehículo marca Audi, lo que ha motivado que la jueza abra una pieza separada declarada secreta, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Además de a Castaño, la Guardia Civil ha detenido a su esposa, Ana María Vaquero, al administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Paloma, y al exadministrador de la empresa de servicios fitosanitarios Fiverde, Ángel Manuel Macedo, mientras que ha imputado a otras dos personas.
De igual modo, los agentes de la UCO desplazados a Sevilla han practicado al menos seis registros, el primero de los cuales se ha desarrollado a primera hora de esta mañana en la casa de verano que Castaño y su esposa tienen en la urbanización Hato Verde de Las Pajanosas, en Guillena, al que ha seguido otro en la casa que la pareja posee en la calle González Cuadrado, cerca de la calle Feria.
Los agentes han practicado también sendos registros en la sede central de Fitonovo, ubicada en el polígono industrial Los Llanos, en Salteras, y en la sede de Fiverde en la calle José Laguillo, así como en un local propiedad de Domingo Enrique Castaño ubicado en la calle Divina Pastora y en el despacho de abogados donde trabaja su esposa, localizado en la calle Tetuán.
Otras imputaciones
Estas detenciones se producen después de que, el pasado mes de junio, la jueza imputara en la causa a dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por su vinculación a la empresa Construcciones Juan de Robles, que presentó una oferta para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos.
También imputó a otros cinco empresarios, entre ellos Ignacio Bayón Marine (Realia Bussiness); José Romero González (Prasa); Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff (Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno (Edamar-Noriega); y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y firmante de la oferta.
