Ninguna Comunidad Autónoma cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria marcado para los ejercicios 2008 y 2009 y varias de ellas tuvieron que realizar planes de ajuste porque su déficit superaba el 0,75 por ciento del PIB regional. Además, en aquellos años mantuvieron un sector empresarial autonómico grande y deficitario, lo que obligó a los gobiernos regionales a conceder subvenciones y ayudas públicas a estas sociedades.
Así se recoge en el informe autonómico elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre esos dos ejercicios, años en los que la situación de las autonomías ya era deficitaria y obligó a varias de ellas a planes de reequilibrio, una situación similar a la actual.
El déficit conjunto de las CCAA y ciudades autónomas en 2008 fue del 1,49% del PIB, cuando debieron registrar un superávit del 0,25. Ninguna de ellas, individualmente, cumplió el objetivo. Tampoco lo hicieron en 2009, cuando registraron unos números rojos equivalentes al 1,92% del PIB en lugar de alcanzar el equilibrio presupuestario, que era el objetivo marcado. Y como en el año anterior, ninguna autonomía cumplió.
La situación obligó a muchos gobiernos regionales a realizar planes de reequilibrio, como a los que ahora obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la novedad de que se incluyen medidas coercitivas para quien los incumpla; en 2008, tuvieron que elaborar estos planes el País Vasco, Cataluña Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y las Islas Baleares; y en 2009, todas las autonomías salvo Galicia, Madrid y La Rioja.
El saldo del endeudamiento de estas administraciones pasó de 45.472 millones el 1 de enero de 2008, a 70.581 millones el 31 de diciembre de 2009, es decir, incrementos del 16% y del 33,8% en ambos ejercicios, respectivamente.
Las comunidades que más incrementaron su endeudamiento en 2008 fueron País Vasco (63% de aumento), la Rioja (52,2%) y las Islas Baleares (46,1%). En 2009, fueron de nuevo el País Vasco (323%), Castilla y León (88,7%), Castilla-La Mancha (81%) y Murcia (80%).
GASTO SANITARIO
El informe del Tribunal de Cuentas pone en evidencia muchas carencias en la forma de presupuestar de las autonomías, que es "deficiente" dado el "elevado volumen" de modificaciones que realizan después, una vez aprobadas las cuentas. Y los presupuestos por programas, añade entre otras muchas deficiencias, "no especifican suficientemente los indicadores que permitan el seguimiento de los objetivos programados".
Entre los capítulos que analiza el tribunal se encuentra el del gasto sanitario, que en ambos ejercicios "era superior al reflejado en las obligaciones reconocidas". Debe tenerse presente, se explica en el informe, que la mayoría de las comunidades contaba con obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, que ascendían en conjunto a 6.090 millones de euros en 2008 y a 5.368 millones en 2009.
En el ranking de comunidades con más obligaciones pendientes se encuentran la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León en 2008, y Cantabria, Castilla y León, las Islas Baleares y Comunidad Valenciana en 2009.
Por esta razón, el gasto sanitario real representó en ambos ejercicios el 38% de las obligaciones de pago reconocidas en los presupuestos autonómicos, aunque la cifra subió en 2008 en la Comunidad Valenciana (50%), Cataluña (45%) y Madrid (43%) y en 2009, en Comunidad Valenciana (47%), Murcia (45%), Madrid (44%) y Cataluña (43%).
SECTOR EMPRESARIAL
En su informe de 2008 y 2009, el Tribunal de Cuentas asegura que el sector empresarial autonómico seguía siendo deficitario, con pérdidas que en conjunto alcanzaron los 3.835 y 3.887 millones de euros en cada ejercicio. Por ello, los gobiernos regionales recurrieron frecuentemente a las subvenciones y las ayudas públicas, así como al afianzamiento financiero de las sociedades participadas.
El endeudamiento financiero de las empresas públicas autonómicas ascendía en 2009 a 19.080 millones de euros, sin contar los datos de Madrid y País Vasco, que no fueron facilitados al Tribunal. El incremento anual medio fue del 19%.
El Tribunal repasa también en su informe la situación de las fundaciones públicas, "que adolecen de un marco jurídico" completo" y que también en ambos ejercicios eran en conjunto deficitarias; así como los consorcios administrativos.
Su conclusión es que el número de entes públicos era en esos años "notable" y había seguido creciendo, lo que recomendaba "una mayor exigencia tanto para justificar la creación de nuevas entidades como para garantizar eficacia, eficiencia y transparencia".
El informe del Tribunal de Cuentas sobre esos años se ha conocido ahora, pero la amplitud del sector público autonómico fue objeto de revisión ya en 2010. En ese año, Gobierno central y CCAA acordaron un plan de reducción
