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Jueves 14/11/2024
 
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Estepona

La Plataforma Vecinal de Estepona pide un ERE de cargos políticos en la Mancomunidad de Margarita del Cid

El colectivo echa en cara que el único ERE ejecutado en la provincia de Málaga recaiga sobre los empleados. Además, solicitan la contabilidad del ente que dirige Margarita del Cid para conocer los gastos de publicidad y patrocinio de actividades privadas.

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Todavía está en la memoria de muchos el Expediente de Regulación de Empleo ejecutado el pasado año en el Ayuntamiento de Estepona que supuso el despido de 176 empleados municipales. La Plataforma Vecinal quiere que se use el mismo rasero a la hora de aliviar las administraciones de asesores y cargos políticas. Así, a través de una moción presentada en nuestro Consistorio, piden un ERE, ya que denuncian la alta carga de empleados políticos en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, presidida por Margarita del Cid, que entraron de la mano de diferentes gobiernos y que aún hoy permanecen.

Contabilidad

Y no es su única petición. Porque vuelven a insistir en algo ya solicitado el pasado agosto de 2012: las cuentas del ente mancomunado -que reúne a los municipios de Benahavís, Benalmádena, Casares, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos-. Quieren los libros de contabilidad donde aparezcan reflejados los asientos contables relativos a gastos de publicidad y otras actividades de promoción y apoyo a empresas y actividades de iniciativa privada.

En particular, el colectivo vecinal incide en el periodo desde junio del año 2011 hasta el 31 de julio del año 2012, así como los asientos contables relativos a gastos de publicidad y otras actividades de promoción y apoyo a empresas y actividades de iniciativa privada que desde agosto de 2012 y hasta el 30 de junio se hayan podido registrar. Entienden que el Ayuntamiento de Estepona contribuye al presupuesto de la Mancomunidad de Municipios y, en consecuencia, “también apoya y promueve actividades de iniciativa privada en otros municipios”. En definitiva, menos asesores con apellido de siglas políticas y más transparencia en las cuentas.

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