Las investigaciones realizadas por la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía respecto a la organización Luanda, dedicada a la venta de cupones para sorteos sin autorización administrativa y a la que se le intervinieron 3.295 boletos ilegales en una operación el pasado junio, han culminado con la instrucción de un atestado judicial mediante el cual se da cuenta de la imputación del líder de esta organización, J.C.R., de 35 años, como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores, contrabando y la hacienda pública.
Según se desprende de la investigación, esta organización se ha servido de una empresa que declaraba como actividad comercial la construcción, diseño, decoración y reformas en general, aunque en realidad se dedicaba a la comercialización y venta de boletos de lotería ilegal para lo que contrataba, presuntamente, a personas, como agentes comerciales, a las que se exigía un grado de discapacidad reconocido, para beneficiarse de las bonificaciones a la Seguridad Social.
Se les fijaba como objetivo para seguir en la empresa una venta mínima de cupones, que en el caso de no ser alcanzada era descontada del sueldo de 100 euros mensuales e, incluso, menos, a cambio de una jornada laboral, que en algunos casos se alargaba más de 11 horas diarias, cuando, según contrato, debían ser 24 semanales.
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha señalado en un comunicado que las actividades de las organizaciones ilegales que operan en la venta de boletos suponen un acto de competencia desleal respecto de los juegos comercializados por los operadores autorizados.
Además, implican "un fraude para los consumidores, ya que los organizadores no sólo se enriquecen de forma ilícita, sino que la comercialización de este tipo de boletos da origen a actos de engaño y desconcierto entre los compradores", lo que "afecta directa y gravemente a sus derechos como consumidores".
Ha hecho hincapié, asimismo, en que "el fin social bajo el que se enmascara la venta de estos cupones sólo persigue el beneficio de terceras personas, que apelan a la buena fe de los compradores, que a la hora de adquirirlos creen contribuir a una buena causa".
Ruiz Espejo ha precisado también que el cobro de los premios no está garantizado, lo que pudiera considerarse como un delito de estafa, ya que de los 100.000 números que supuestamente salen a la venta diariamente, se calcula que sólo se imprime un uno por ciento.
"La clandestinidad, opacidad y la carencia de cualquier tipo de control con la que este tipo de organizaciones llevan a cabo sus actividades pueden constituir un fraude fiscal importante, ya que, al no existir control sobre los ingresos que obtienen ni aportar información sobre los mismos, tampoco tributan", ha manifestado el delegado.
VENDEDORES
La mecánica con la que se lleva a cabo este tipo de juego plantea serias dudas sobre la situación laboral de sus vendedores y el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social, tributarios, etcétera, según ha alertado.
"Por tal motivo --ha subrayado-- se puede considerar que las actividades de juego ilegal suponen un claro ejemplo de explotación de sus trabajadores, con especial incidencia en colectivos de personas más desfavorecidas o con menos recursos como las personas con discapacidad o marginadas". "Éstas son sometidas a unas condiciones laborales muy precarias, vulnerando sus derechos laborales", ha expuesto.
En lo que va de año, en la provincia de Málaga, las actuaciones del Área de Juegos y Espectáculos Públicos de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, han supuesto la intervención de más de 11.000 cupones ilegales de las diferentes organizaciones que se dedican a su venta sin la consiguiente autorización administrativa.