La Guardia Civil ha recuperado 123 animales exóticos y ha imputado a una persona, vecino de la localidad castellonense de Peñíscola, como supuesto autor de un delito de contrabando de especies protegidas y falsificación de documentos y certificados, informa el Instituto Armado.
La actuación de la Benemérita se inició a instancia de la Fiscalía de Castellón a raíz de la aparición, en distintas viviendas particulares y un núcleo zoológico de la provincia, de cinco ejemplares de búho real (Bubo bubo) y uno de águila harris (Parabuteo unicinctus) anillados con los códigos de una empresa dedicada a los trabajos de cetrería en aeropuertos de distintas provincias y a la realización de espectáculos de vuelo y exhibición de aves rapaces.
Las aves que se localizaron carecían de la documentación legal según el convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), procediéndose a su intervención y posterior traslado a un centro de recuperación de aves rapaces.
Con motivo de tal intervención, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vinaròs solicitó las inspecciones correspondientes tanto del centro de cría de las aves rapaces así como de las instalaciones que dispone la empresa para exhibiciones de dichos ejemplares y las instalaciones de los aviarios de distintos aeropuertos a nivel nacional. Por ese motivo la Guardia Civil inició la 'Operación Crisálida' para el esclarecimiento de estos hechos, detalla este cuerpo de seguridad en un comunicado.
En el transcurso de las inspecciones llevadas a cabo por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) pudieron detectar que muchos de los ejemplares que tiene el imputado en sus instalaciones se encuentran sin documentación legal según el Convenio CITES.
Asimismo, observaron ejemplares sin marcajes, otros tenían las anillas abiertas (con posibilidad de intercambiarla entre distintos ejemplares) o estaban sin microchip, incumpliendo la normativa sobre cría de estas especies animales en cautividad que marca el citado Convenio.
Los guardias civiles localizaron ejemplares que, documentalmente tienen más de 20 años, cuando en realidad tienen características morfológicas de animales jóvenes habiéndose podido usar anillas o chips de otros animales de las instalaciones, legalmente documentados, que ya habían fallecido.
En cuanto a la documentación de centro de cría y núcleo zoológico, las instalaciones inspeccionadas por la Guardia Civil carecían de dichas autorizaciones, así como se localizó diversa documentación relacionada con la cría de dichos animales y los documentos de cesión de los mismos que se encontraban falsificados o firmados en blanco por veterinarios para poder modificar el resto de datos de los mismos en cualquier momento.
Como resultado de las pesquisas los guardias civiles han podido comprobar que por parte de la Autoridad CITES nacional (Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad) no les constaba la composición exacta del plantel reproductor al apreciar irregularidades en la documentación así como por los continuas modificaciones de datos y las negativas reiteradas a que dicha Autoridad inspeccionara las instalaciones del imputado.
Fruto de esta operación llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil de Castellón, Navarra y Tenerife, junto con la Ucoma (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) de la Guardia Civil, se han intervenido 123 ejemplares de los cuales once se han intervenido en varios aeropuertos del territorio nacional.
ÁGUILA DE NEPAL Y LINCES
Asimismo, otros 20 se encontraban muertos en el interior de un arcón congelador en una de las instalaciones inspeccionadas. Entre los animales intervenidos se encuentran varias águilas harris, búhos reales, halcones, águila de Nepal, búho africano, y linces europeos, entre otros.
De los ejemplares intervenidos, 67 se han trasladado a la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB) para su custodia y cuidados, quedando el resto en las instalaciones inspeccionadas a disposición de la Autoridad Judicial.
Fruto de esta operación se ha imputado a F.O., de 67 años, como supuesto autor de los delitos de contrabando y falsificación de documentos y certificados. Asimismo estos hechos se han puesto en conocimiento de los respectivos colegios de veterinarios de la Comunitat Valenciana por si se deben tomar medidas administrativas contra los facultativos que firmaron documentación sin haber comprobado los datos.