El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), ha recibido finalmente un total de 10.900 solicitudes para optar a un empleo a las contrataciones eventuales del decreto autonómico de medidas urgentes contra la exclusión social, que contempla 3,29 millones de euros para que el Consistorio hispalense promueva contrataciones temporales entre personas desfavorecidas. Sólo aquellas personas que lleven más de un año en paro, no superen 1,5 veces el Iprem o pertenezcan a familias en situación de exclusión social o en riesgo de tal extremo han podido aspirar a las 1.098 contrataciones temporales que resultan de la aplicación del decreto en Sevilla capital.
La presentación de solicitudes, un trámite que podía llevarse a cabo en el registro general del Ayuntamiento y en los registros auxiliares de los distritos hasta este pasado lunes, ha ido experimentando, según ha indicado el Consistorio en una nota, "un aumento continuo día tras día", desde las 139 propuestas entregadas en el primer día de apertura del plazo de inscripción, el 22 de julio, hasta las 1.863 que fueron presentadas este pasado lunes, último día del mismo, y que constituyen el máximo registro diario.
A partir de ahora, serán estudiadas y analizadas cada una de las solicitudes presentadas para comprobar que cumplen con todos los requisitos preceptivos y en septiembre se notificarán las 1.098 solicitudes que han sido aprobadas para realizar los contratos de trabajo. El gobierno local ha recordado que un informe elaborado por la Dirección General de Empleo y Economía del Ayuntamiento estimaba que eran 70.000 las personas que cumplían los requisitos necesarios para presentar la solicitud.
La finalidad de las obras y servicios que llevarán a cabo las personas contratadas dentro de este plan extraordinario de acción social de Andalucía supondrán además un "beneficio social y comunitario, preferentemente en las zonas necesitadas de transformación social", como Norte, Torreblanca, Tres Barrios-Amate y Sur.
El Consistorio ha solicitado a la Junta una ampliación del plazo para el fin de las contrataciones hasta el 31 de marzo de 2014, ya que hay que licitar y hacer expedientes para comprar todo el material que se va a entregar a los alumnos, por lo que administrativamente es "imposible" hacerlo antes del 4 de noviembre como está previsto, asegura.