La coordinadora de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Dolores Sánchez, ha criticado este miércoles la situación en que se encuentran los enfermos de alzheimer de la provincia y los beneficiarios de la Ley de Dependencia "a causa de la desatención por parte de la Junta de Andalucía", al tiempo que acusa al Gobierno andaluz de "dilatar" el pago de diez millones para la Ley de Dependencia.
En una nota, tras reconocer el estrecho contacto que mantiene con las asociaciones de la provincia dedicadas a paliar los efectos del alzheimer, la popular ha insistido en que esta enfermedad requiere de "una prestación cualificada, ya que el ámbito de actuación no se circunscribe al propio paciente, sino que se extiende a su círculo familiar más inmediato, que es el que ejerce de cuidador".
Esta situación de "impago" se suma a la advertencia realizada esta semana por el Sindicato de Enfermería (Satse), según la cual "la Junta tiene paralizadas desde hace un año la concesión de nuevas ayudas, además de que la revisión de éstas cuantías van a empeorar año tras año". Esta "desatención" a los enfermos de alzheimer, en opinión de Sánchez, "provoca en el ciudadano una situación de perplejidad al comprobar cómo todos los anuncios que se realizan desde la Junta en materia de políticas sociales al final quedan en humo por una situación crónica de impago que terminan, padeciendo, como un sufrimiento añadido, unos enfermos y unos familiares que necesitan de todo tipo de ayudas, como las que presta la Diputación de Córdoba fuera de sus competencias".
Al respecto, destaca que "la sensibilidad de la Diputación por estos pacientes le ha hecho adelantar entre enero y junio una cantidad que ronda los diez millones de euros", todo ello para que "la calidad asistencial no se vea mermada", ha añadido.
Sánchez ha explicado que la Consejería de Salud y Bienestar Social "mantiene una gran deuda por lo que le corresponde por la Ley de Dependencia a los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes". En su opinión, "este hecho no sólo incide en los receptores de esta prestación, sino que también incide en el colectivo de trabajadores, que se ven afectadas por estos retrasos, y cuyas nóminas son las únicas que entran en sus familias en la mayoría de las ocasiones".
La responsable de Políticas Sociales del PP cordobés ha agregado que "la situación que sufren los enfermos de alzheimer no es un hecho aislado en la actuación de la Junta, que en servicios sociales adeuda 18,5 millones a la Diputación, al Ayuntamiento de la capital y a los municipios mayores de 20.000 habitantes". Además, Sánchez ha añadido que la administración andaluza "tiene 509 expedientes sin resolver de la Ley de Dependencia, por lo que no sólo no admite nuevos dependientes, sino que además deja olvidados en un cajón aquellos casos que necesitan de una ayuda especial".