Una juez de Almería ha resuelto suspender la orden de demolición que pesa sobre la vivienda unifamiliar de la que es propietario un matrimonio británico a la espera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncie con respecto a la demanda interpuesta por los afectados contra España por una presunta infracción del derecho a la propiedad.
La demanda, que se formalizó en julio, argumenta que el derribo del inmueble, construido con licencia municipal del Ayuntamiento de Albox en 2002, posteriormente anulada en los tribunales a instancias de la Junta de Andalucía, supone "una interferencia arbitraria e injusta" sobre el derecho a la propiedad recogido en los artículos 1 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Remarca que el matrimonio de jubilados británicos, que invirtió "casi todos los ahorros de su vida y que, sin culpa alguna, se ha visto inmerso en una pesadilla jurídica", no ha recibido "indemnización alguna", por lo que podría llegar a sufrir "una expropiación de hecho de sus derechos" debido a lo que define como "síntoma más del fracaso generalizado por parte de España en el respeto del derecho a la propiedad, con un considerable impacto económico, social y humano".
Ante la demanda presentada por el letrado Gerardo Vázquez, que ya está siendo tramitada por el TEDH y en la que se advierte de que "podría ser el primero de los procedimientos contra España" al ser una "infracción generalizada", la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería acuerda la suspensión de la demolición, ordenada mediante auto de 13 de octubre de 2010 al Ayuntamiento de Albox, hasta que haya una resolución definitiva del tribunal europeo.
En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez señala que los antecedentes "aconsejan" acceder a lo solicitado por el abogado del matrimonio perjudicado con el fin de evitar "causar a los interesados perjuicios de muy difícil o imposible reparación".
Cabe recordar el caso del matrimonio Prior cuya vivienda unifamiliar en Vera fue derribada en enero de 2008 al declararse nula la licencia de obras. El Tribunal Constitucional (TC) anuló un año después la orden de demolición al considerar "incuestionable" que el proceso contencioso-administrativo incoado por Ayuntamiento y Junta de Andalucía vulneró su derecho de tutela judicial efectiva y los situó en una situación de indefensión que derivó, a la postre, en la pérdida de su casa. En enero de 2012, otro juzgado rechazó que tuvieran derecho a ser indemnizados por el Consistorio.
La demanda contra España relata que los afectados alegaron ante los órganos judiciales que han tramitado el procedimiento que la orden de demolición "infringía los derechos humanos" y que, "en todo caso", se les debería asegurar una indemnización al ser "víctimas de los actos de la administración española".
Subraya la paradoja de su caso frente a los "cientos de miles de casas sin licencia que la Junta ha dicho que tratará de legalizar al no poder actuar contra ellas por haber transcurrido el plazo legal" y destaca que están "en posición más desfavorable" por habérseles concedido una licencia municipal de obra.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, argumenta, asimismo, que el derribo sería "una carga excesiva individual" y, por tanto, "desproporcionada" ya que su adopción requiere que exista "un justo equilibrio entre el interés general y la protección del derecho fundamental".
"Si esta medida fuera permisible bajo el derecho español, la norma sería de insuficiente claridad y calidad al quitar a un individuo su casa sin una indemnización efectiva y por razón de que se le hubiese otorgado licencia de obras. Por tanto --añade-- ellos no son las únicas víctimas sino que también lo es la seguridad jurídica".
Rechaza, en esta línea, que en el caso de este matrimonio británico, "quienes esperaban vivir una jubilación tranquila", concurra interés general ya que, según indica, "no se restauraría la legalidad urbanística ni la protección del medioambiente cuando su vivienda se encuentra rodeada por una multitud de casas construidas sin licencia que no pueden ser demolidas y que, de hecho, son candidatas a la legalización".
"DISFUNCIÓN ESTRUCTURAL"
"En España existe una enfermedad generalizada, una disfunción, un problema estructural que el Estado parece incapaz de remediar, por que esperamos que esta demanda pueda eventualmente traer un rayo de esperanza a miles de personas que piden que se les proteja su derecho humano a la propiedad, que no ha sido adecuadamente reconocido ni protegido en España", considera. Por este motivo, y dada la "extensión de la patología", solicita al tribunal europeo que lleve a cabo una investigación "efectiva 'in situ' en el país".
En declaraciones a Europa Press, Vázquez ha trasladado que el Estado español debe resolver esta "lacra" de una vez por todas", especialmente --ha ahondado-- "si quiere vender algunas de las millones de casas vacías que hay en España a extranjeros". "Dicho de otra forma, antes de invitar más gente a tu casa, no es mala idea asegurarte que esta está limpia, y que trates bien a los huéspedes que ya tienes contigo".
El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora de Almería, entre los que figura el municipio de Albox, duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía en 2009 y se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas unifamiliares, no podrán ser "reconocidas" y, por tanto, son susceptibles de demolición.
