El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo, que permite a las víctimas reclamar la diferencia entre las ayudas inicialmente recibidas y su cuantía actualizada, así como reclamar nuevos conceptos de indemnización incluidos en la legislación. El Gobierno calcula que en ello gastará alrededor de 77,5 millones de euros en los próximos dos años.
El texto, presentado tras el Consejo de Ministros por el responsable de la cartera de Interior, Jorge Fernández Díaz, desarrolla la denominada Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo con un año y medio de retraso respecto a la previsión inicial, aunque el ministro ha defendido la dilación por la necesidad de realizar cambios legales que garanticen el cumplimiento del reglamento y delimiten los requisitos para los beneficiarios.
En él se contemplan tres supuestos para recibir indemnizaciones a partir de su publicación mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE): Víctimas que en el plazo de un año puedan solicitar la diferencia entre las indemnizaciones inicialmente cobradas y la cantidad establecida por ley; víctimas que nunca hayan sido reparadas y ahora podrán ser indemnizadas en conceptos no regulados en la fecha del atentado; y aquellas nuevas víctimas que se puedan generar a partir de ahora.
Para hacer frente a estos conceptos, el Ejecutivo ha calculado un montante de 77,5 millones de euros durante los próximos dos ejercicios, según ha expuesto el ministro, que ha recordado que una de las novedades de la ley es su retroactividad, reconociendo a todas las víctimas de atentados terroristas desde el 1 de enero de 1960, año de la primera víctima mortal de ETA, la bebé Begoña Urroz.
Los esfuerzos del Ejecutivo se han centrado también en 'blindar' la norma para "cerrar la puerta" a que los terroristas pudieran acogerse como beneficiarios de ella. "La Ley ha llevado a cerrar la puerta a cualquier resquicio legal que pudiera existir para que pudieran ser beneficiarios de las ayudas quienes no fueron víctimas sino que hicieron sufrir", ha insistido Fernández Díaz, que ha reconocido que esta posibilidad hubiera supuesto un "sarcasmo" lejos de la voluntad del legislador.
La Ley de Víctimas incluye algunas novedades como su retroactividad al 1 de enero de 1960, el aumento de la cuantía de algunas indemnizaciones o el reconocimiento por primera vez de los amenazados, que tendrán además derecho a algunas ayudas por cambio de residencia o ayudas educativas.
El ministro ha definido la norma como "un paso firme y decidido" para consolidar a España como un referente "europeo y mundial" en atención integral a las víctimas del terrorismo, a las que se trata de reparar "en la medida de lo posible el daño causado por los terroristas" siguiendo los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.
Además, las víctimas contarán con una "única ventanilla" en la que realizar todos los trámites, centralizada en la dirección general de Víctimas del Terrorismo. Precisamente, la directora general, Sonia Ramos, mantendrá un encuentro la próxima semana con las principales asociaciones y colectivos para exponerles los detalles del reglamento y su funcionamiento.
La Ley de Víctimas refunde en un único cuerpo el régimen jurídico de los resarcimientos por daños personales, las indemnizaciones derivadas del abono extraordinario de la responsabilidad civil subsidiaria por el Estado, los gastos por daños materiales, así como las ayudas médicas, psicológicas, educativas y condecoraciones y distinciones honoríficas.
AYUDAS A LOS AMENAZADOS
Por primera vez, el texto recoge ayudas extraordinarias para los amenazados por organización terrorista, facilitándoles el traslado de localidad, el abandono de vivienda, gastos de escolarización y otros que se generen por la situación de amenazado, como ayudas por tratamiento psicológico o reinserción laboral. El Reglamento también permite la aplicación de estas ayudas con carácter retroactivo.
El ministro ha explicado que se ha trabajado para delimitar la condición de amenazado, que deberá ser acreditada ante el Ministerio del Interior para poder ser beneficiario de estas ayudas por mecanismos como la existencia de sentencia firme o apertura de diligencias judiciales.
Además, el texto actualiza la cuantía de alguna de las ayudas. Por ejemplo, las asignaciones por tratamiento psicológico se elevan de 3.000 a 3.600 euros, mientras que se destinarán entre 300 y 1.500 euros a ayudas educativas.
De la misma forma, el reglamento incrementa las ayudas por daños materiales y eleva de los 90.151,82 euros a los 113.680 euros las indemnizaciones para cubrir daños en la vivienda habitual afectada por un atentado terrorismo. Del mismo modo, para los gastos por alojamiento provisional, se elevan a los 90 euros por persona y día en caso de un establecimiento hotelero y se mantiene la de 1.500 euros para el alquiler de vivienda.
También se eleva a 113.680 euros la indemnización por daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, mientras que la destinada a cubrir los daños en vehículos causados por un atentado terrorista pasa de los 21.035 euros hasta los 30.500 euros.
UN TOTAL DE 1.412 FALLECIDOS POR TERRORISMO
El ministro ha hecho hincapié en el consenso con el que fue aprobada la Ley de Víctimas y también en el trabajo realizado con las asociaciones y colectivos durante la tramitación del Reglamento, incorporando algunas de las recomendaciones que realizaron durante su trámite de audiencia pública.
Fernández Díaz ha apuntado que, hasta agosto de este año y desde 1979, el Ministerio del Interior ha abonado un total de 790.000.000 euros en indemnizaciones a víctimas del terrorismo. En concreto, se ha reparado a 1.412 fallecidos, 4.535 lesionados, 60 secuestrados y se han pagado 4.038 indemnizaciones por daños materiales.
