El ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que decrete su libertad provisional porque no tiene la "menor tentación" de huir al extranjero y tampoco concurre el riesgo de que pueda inutilizar fuentes de prueba, más bien al contrario "hará todo lo posible para preservar cualquier material probatorio relevante que pueda estar a su alcance".
El abogado del ex tesorero del PP, Javier Gómez de Liaño, ha presentado un recurso contra la orden de ingreso en prisión provisional acordada el pasado 27 de junio por el juez Ruz por su presunta participación en las actividades de la trama 'Gürtel'.
Al pensar que la prisión es "demasiado drástica" para los fines del proceso, el letrado pide la libertad condicional de su cliente y plantea la imposición de medidas cautelares "menos enérgicas" aunque más habituales en los tribunales para "disipar hasta la última sombra de desconfianza, aun por ínfima e infundada que fuera".
En concreto, plantea comparecencias "incluso" diarias en el Juzgado o la comisaría más próxima, la prohibición de salir del territorio nacional con retención del pasaporte o de ausentarse de su lugar de residencia y, en su caso, portar o facilitar medios mecánicos o de otra clase que tengan como finalidad el control del cumplimiento de esta medida. La acusación popular, ejercida por Adade, se mostró el pasado julio dispuesta a que Bárcenas quedase en libertad con fianza con control telemático.
RAZONES JURÍDICAS Y DE HUMANIDAD
La defensa dice no tener "la menor duda" de que su cliente estará "siempre y en todo momento" a disposición de los tribunales y que su intención no es otra que cumplir "puntualmente y de manera estricta" con sus obligaciones procesales. "Su deseo es poder afrontar este proceso y defenderse con las herramientas de la razón y del Derecho", remarca.
Asegura que la idea de fugarse "ni se le ha pasado por la cabeza" y esgrime los "sólidos" datos que hablan a favor de su arraigo en España, como es su nacionalidad, tener su domicilio familiar y su actividad en Madrid, estar casado y ser padre de dos hijos. Desecha el pago de una fianza ya que sus inmuebles, dinero y valores se encuentran intervenidos por orden judicial.
En relación con el riesgo de destrucción de pruebas, destaca que este es "inexistente", recuerda que él mismo ha solicitado que las autoridades suizas faciliten información sobre su patrimonio a las españolas y estaría dispuesto a pedírselo también a Estados Unidos por las cuentas del HSBC y a los bancos Lombard de Bahamas, el City Bank de Inglaterra y el Discovert Bank de Uruguay.
Aprovecha para contraponer su actitud colaboradora con "determinados comportamientos y presencias procesales de terceros, cuyo desenlace están por determinar, aunque ello no haya impedido que algunas partes de esta causa los consideren decepcionantes y hasta tipificado de obstruccionistas", sin mencionar expresamente la destrucción de los discos duros de sus ordenadores por parte del PP.
"Después de estos dos meses largos de prisión preventiva existen razones y garantías que, desde un plano de racionalidad jurídica, sin menospreciar el de humanidad, en relación con los principios que inspiran el instituto de la prisión preventiva, merecen ser calificadas de suficientes para sostener que los riesgos de huida y de inutilización de fuentes de prueba por parte del encausado no existen", asegura.
El abogado invoca la jurisprudencia para argumentar que la prisión provisional no puede convertirse en una especie de "condena previa de quienes solo pueden serlo por sentencia firme" y añade que con la pérdida de libertad se ven restringidos otros derechos, como el de defensa. "Y es que a nadie que conozca el régimen penitenciario se le oculta que defender a un preso preventivo es tarea ardua, y no por lo que tiene de incómoda, sino por las condiciones en que se ejerce, incluidos determinados controles incompatibles con las garantías propias del derecho de defensa", concluye.
El que fuera responsable de finanzas del PP ingresó en prisión por presuntos delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales, de estafa procesal en grado de tentativa y de falsedad en documento mercantil.