El teniente de alcalde Francisco Espada ha explicado este lunes el proceso que sigue el Ayuntamiento con los módulos de actividades comerciales existentes en la avenida Príncipe de Asturias, frente al recinto adunero, un asunto que arranca con la decisión plenaria de la Corporación Municipal, tomada en mayo de 2010, mediante la cual PSOE, PP e IU, con la abstención de UPL, en la que se constató la extinción del derecho de ocupación de vía pública y de las concesiones existentes de estos módulos comerciales, tal y como estaba estipulado en los contratos al expirar el plazo de duración concedido sin posibilidad de prórroga.
Espada recuerda este proceso “porque el equipo de gobierno municipal de años anteriores, del GIL y PP, otorgó algunas licencias de ocupación de vía pública “a dedo” y a precios irrisorios, como si de un puesto ambulante se tratase, lo que evidentemente no es así y perjudicaba al Ayuntamiento y a todo el conjunto de ciudadanos porque pagaban precios ínfimos estando en una zona muy concurrida. A eso se le añade dos módulos que fueron, por el contrario, otorgados mediante concurso público, como concesiones, en los cuales también han finalizado el tiempo de duración otorgado, lo que evidentemente saben sus responsables desde el principio, aunque ahora parecen sorprendidos. La casuística es variada llegando incluso a ser adjudicataria directa y sin concurso, la madre de una concejala del PP”.
Agrega que “por indicación de la alcaldesa y para dar esa prometida regulación que el PP pretendió y nunca llevó a cabo, puesto que aquel pleno fue en mayo de 2010 y no hizo nada más al respecto, se puso en marcha un concurso público para concesionarlos nuevamente con las cuantías ya tasadas y corregidas como canon concesionales y no tasas de ocupación de vía pública. Esto ocurrió en abril de este año y este concurso quedó desierto porque los ocupantes pretendían tener los precios bajos a los que estaban acostumbrados. Ahora, y para no incurrir en prevaricación, se está llevando a cabo el proceso de desahucio, tal y como contempla el ordenamiento jurídico y lo aprobado por el Ayuntamiento. No hacerlo sería una dejación de funciones del ayuntamiento, imposible de admitir”. En cualquier caso, no se descarta que más adelante en el tiempo haya un nuevo concurso con independencia de todo lo realizado.
