El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Tejada, considera que el archivo de la causa sobre el exgerente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) por el pago de unas facturas a un despacho de abogados "se suma a todo lo que se ha conocido sobre el Imdeec, que fue inflado de manera importante por el gobierno municipal para utilizarlo como excusa para cerrar" dicho ente local.
En una rueda de prensa, Tejada ha subrayado además que "teóricamente se iba a iniciar el expediente de reintegro por cobro indebido en distintas nóminas y hasta ahora, dos años después, no se sabe absolutamente nada de ese tema", a lo que añade que el expediente "se ha enviado varias veces al consejo consultivo y lo ha devuelto porque el gobierno municipal lo envía incompleto siempre".
Cabe destacar que el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha archivado la causa abierta contra el exgerente del Imdeec del Ayuntamiento, iniciada a fin de esclarecer una serie de presuntas irregularidades sobre facturas que este organismo autónomo municipal abonó en los años 2010 y 2011 por la prestación de los servicios jurídicos a un despacho profesional de la capital cordobesa.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, que detallan que el auto judicial, de 30 de agosto de 2013, señala en sus fundamentos jurídicos, que "no aparece justificada la perpetración de delito" y se considera "correcta" la actuación profesional, por lo que procede decretar el sobreseimiento de las actuaciones acordándose el archivo de la causa.
En este sentido, la defensa del funcionario, ejercida por el letrado Francisco Muñoz Usano, y la Fiscalía ya interesaron el archivo de la causa el pasado julio al no ser los hechos constitutivos de infracción penal y ello en base a las declaraciones realizadas por la Interventora General del Ayuntamiento de Córdoba y al informe del secretario general del Pleno y del Imdeec, donde se pone de manifiesto que "las tres facturas abonadas han seguido el procedimiento ajustado a derecho, habiendo sido debidamente fiscalizadas por los órganos competentes, lo que conlleva que, al no existir irregularidad alguna en el procedimiento llevado a cabo para la adjudicación de los servicios solicitados, se archiven las actuaciones".