El Ayuntamiento de Granada ha recibido unas 1.200 solicitudes de ciudadanos interesados en optar a los contratos del decreto contra la exclusión social de la Junta de Andalucía, en virtud del cual se prevén crear unos 600 puestos de trabajo.
La pretensión es que estas personas trabajen durante dos meses, con una jornada de dos horas y media al día o bien dos días a la semana con un sueldo neto que se acercará a los 700 euros al mes. Así lo ha explicado a Europa Press el concejal de Familia y Bienestar Social, Fernando Egea, quien ha precisado que el Ayuntamiento debe asignar las tareas a estas personas, que previsiblemente se dedicarán a limpieza y mantenimiento, dado que la selección no se realizará en base a la cualificación sino desde una perspectiva "social".
No obstante, Egea mantiene que este decreto "no soluciona los problemas de raíz" sino que "sustituye mecanismos y programas que ya existían y que la propia Junta ha ido recortando", al tiempo que advierte de que su aplicación está suponiendo un verdadero "galimatías".
Según ha relatado, no se han consensuado los procedimientos con los ayuntamientos y ninguna de las líneas puestas en marcha viene acompañada de un incremento de los profesionales en los servicios sociales, que están "desbordados por los informes" que deben realizar a cada una de las familias solicitantes, de cara a la selección.
Así, el concejal de Bienestar Social ha censurado que la Junta se vaya a limitar a la transferencia del dinero para realizar estas contrataciones --a la capital se le han asignado algo más de un millón de euros-- y que dé como plazo hasta el 4 de noviembre para formalizar los contratos, siendo el Ayuntamiento, y no el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), quien "debe seleccionar al personal, realizar todos los trámites burocráticos, establecer el procedimiento de la contratación y realizar un estudio social de todos los solicitantes".
Posteriormente, el Consistorio deberá proporcionar los materiales, uniformes y organizar y supervisar el trabajo", ha añadido el edil, quien alude a la "complejidad" de asignar las tareas a los contratados, ya que no pueden realizar el trabajo propio de la Administración ni ocuparse en áreas que ya cubren las empresas prestatarias de los servicios de limpieza y mantenimiento. Esto, sumado a que el criterio de selección es social, favorecerá a su juicio que se empleen para "lo que seguramente no van a tener conocimientos".
"Los contratos van a consistir en que las personas trabajen uno o dos días a la semana o dos horas y media al día", lo que para el concejal es algo "bochornoso e indignante", al tiempo que ha lamentado que "todas las personas empleadas con cargo a este programa llevarán la etiqueta de "excluidos sociales, cuando en realidad sólo están en paro y residen en Granada".
Asimismo, lamenta que las medidas vayan a finalizar el 31 de diciembre, pese a que los problemas económicos de los beneficiaros seguirán existiendo más allá de esa fecha.
De hecho, ha reclamado que, dado la "complejidad de aplicación y las expectativas creadas" entre la ciudadanía, el decreto se mantenga en el tiempo, ya que lo contrario es "contradictorio" y evidencia a su juicio el corte "propagandístico" de la medida.