Un total de 29 empresas optan a ser las adjudicatarias, por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación y adaptación de la antigua Escuela Normal de Magisterio de Córdoba, para que acoja el futuro Centro de Producción e Iniciativas de la ciudad.
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el presidente de la GMU, Luis Martín, quien ha señalado que ahora, tras concluir el plazo para la presentación de ofertas, en el marco del procedimiento abierto el pasado agosto para la adjudicación de las obras contenidas en el citado proyecto, hay que estudiar el contenido de las mismas y proceder a su baremación. Para ello, se valorará en cada caso la oferta económica (60% de la puntuación), la ampliación del plazo de garantía (20%) y el mantenimiento del edificio (20%).
Las obras proyectadas, con un presupuesto de licitación de 5,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses, están incluidas en el marco del Proyecto Urban Sur Córdoba, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea (UE), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), al amparo de la Iniciativa Urbana prevista dentro del Eje 5 de Desarrollo Sostenible Urbano y Local del Programa Operativo Feder 2007-2013 de Andalucía, y por el Ayuntamiento de Córdoba.
Por otro lado, el consejo rector de la GMU, en la reunión que celebrará este próximo miércoles, tiene previsto declarar desierto el procedimiento que abrió para ceder la parcela situada junto a la Estación de Autobuses y que se usa como aparcamiento en superficie, pues el complejo deportivo que habían planteado para la misma dos empresas no cumple los requisitos previstos, de modo que ahora un nuevo procedimiento, en este caso negociado y sin publicidad para adjudicar el solar.
También está previsto que el consejo rector de la GMU apruebe provisionalmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer los requisitos mínimos, en materia de seguridad, habitabilidad y salubridad, que deben cumplir las viviendas ilegales que pretenden acogerse a la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), que, aunque no conlleva la legalización de tales viviendas, sus propietarios sí que podrían inscribirlas en el Registro de la Propiedad y realizar obras de conservación en la mismas, amén de tener derecho a la dotación de servicios básicos.
