La Fiscalía de Sevilla ha apoyado el archivo de la causa abierta contra los siete empresarios imputados en la causa donde se investigan las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pues entiende que no hay indicios "suficientes" para imputarles un delito de prevaricación, mientras que los delitos de fraude y maquinación para alterar el precio de las cosas ya han sido declarados prescritos por la juez.
En una providencia dictada el pasado 27 de septiembre, consultada por Europa Press, la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, que imputó a todos estos empresarios sendos presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación, reconoció que los dos primeros "han prescrito", aunque señaló que el delito de prevaricación no, tras lo que pidió al Ministerio Público que se pronunciara sobre este particular.
Ahora, la Fiscalía ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pone de manifiesto que, "aún cuando el delito de prevaricación efectivamente no ha prescrito", no observa "indicios suficientes" para imputar a los empresarios dicho delito, tal y como ha adelantado este viernes 'El Mundo'.
En su escrito, el Ministerio Público entiende que "no hay indicios suficientes a día de hoy en las actuaciones para considerar acreditada siquiera mínimamente la participación de estos empresarios", entre los que se encuentran Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, ambos hermanos de la ministra de Empleo.
También declararon como imputados Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, y José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.
Asimismo, permanecen imputados Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; a Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007--, y a Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.
La Fiscalía considera que la conducta de todos ellos "se ciñe a la presentación de las ofertas, tildadas de 'relleno', y con un posible pacto de fijación artificial del precio de venta para favorecer la oferta de Sanma", filial de Sando que se hizo con los suelos finalmente, pero asevera que tal hecho, que podría constituir un delito de fraude y exacciones ilegales, y alternativamente de alteración de precios en concursos y subastas públicas, "no llega a constituir 'per se' también un acto de cooperación necesaria de un extraneus en un delito de prevaricación posterior".
Tras ello, la juez Mercedes Alaya ha dado traslado del escrito de la Fiscalía a las acusaciones "a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga".
En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.