La Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada remitirá en los próximos días un tercer expediente de expropiación temporal de uso de una vivienda en la provincia para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y ya estudia otras 40 solicitudes ciudadanas que se irán remitiendo de manera progresiva en la medida en que los afectados reúnan los requisitos.
Hasta la fecha, en Granada han resultado beneficiarias de la iniciativa dos familias, una residente en Motril y otra en Charches-Valle de Zalabí, cuyos expedientes han sido reactivados a raíz de que este pasado miércoles entrara en vigor la Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como Ley antidesahucios.
El delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada, Manuel Morales, ha explicado a preguntas de los periodistas que este tercer caso fue remitido en verano para su publicación en el BOJA, pero se vio afectado por el recurso que el Gobierno interpuso contra el decreto andaluz ante el Tribunal Constitucional.
La medida afectará a una familia monoparental de Motril compuesta por una mujer con un hijo a su cargo y que carece de ingresos, por lo que no ha podido hacer frente a su hipoteca.
Las otras dos familias beneficiarias también están encabezadas por mujeres. Se trata de Ana Prieto Coca, residente en la calle Azorín de Motril, separada, con tres hijos y sin ingresos ante la falta de trabajo; y Margarita Yolanda Cabana Carretero, casada y madre de una familia numerosa que reside en la calle Atocha de Charches-Valle de Zalabí.
Ahora, la Delegación de Fomento está analizando otros cuarenta casos de familias que han solicitado la expropiación temporal de uso de vivienda al verse "abocadas al desahucio" y cuya situación económica y social está siendo valorada de cara a comprobar si reúnen los requisitos para acogerse a esta ley.
Morales ha recordado que la medida está pensada para "salvar a las familias de quedarse sin un techo" en el que vivir y va dirigida para aquellas que "realmente como efecto de la crisis" se hayan quedado sin ingresos para afrontar el pago de su vivienda y que ésta sea la única que tengan.
El también coordinador provincial de IU en Granada ha realizado estas declaraciones durante la presentación, junto a los concejales del grupo municipal de izquierdas en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina y Francisco Puentedura, de una campaña informativa sobre el decreto antidesahucios cuyo objetivo es obtener el respaldo ciudadano a esta medida que el Gobierno andaluz ha tenido la "valentía" de impulsar.
Durante la campaña se repartirán folletos informativos y se realizarán diversos actos en los barrios granadinos, que es donde, según Morales, está acumulado el problema social de esas 200.000 familias en Andalucía que reclaman una vivienda a la que no pueden acceder mientras que hay 600.000 vacías en el conjunto de la comunidad por parte de entidades financieras y promotoras inmobiliarias.