La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, se ha reafirmado en que la administración autonómica esperará hasta que haya "garantías jurídicas" para actuar respecto al derecho de retracto sobre los suelos en los que se alza el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), pese a la petición de IULV-CA --socio de gobierno-- de que la actuación se lleve a cabo de manera inmediata.
En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Serrano ha recordado la reciente sentencia judicial según la cual se le da la razón a la Junta en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra la resolución autonómica donde se ejercía el derecho de retracto y se determinaba la propiedad pública de los terrenos.
Así, la Junta podrá ejercitar el derecho de compra "cuando la sentencia sea firme", ha especificado la titular autonómica de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ya que contra el último fallo aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, "que no sabemos si el municipio ejercerá", mientras que asimismo hay que esperar resolución judicial sobre los recursos de la promotora Azata.
"Cuando haya seguridad jurídica la Junta podrá ejercer lo que viene defendiendo desde 2006, es decir, que la iniciativa es medioambientalmente insostenible y administrativamente inviable", ha hecho hincapié Serrano, recordando el compromiso del Ejecutivo andaluz de recuperar el entorno, si bien esperando esas garantías, a las que han aludido "la asesoría jurídica y expertos en la materia del Gobierno andaluz".
Para la consejera, es comprensible que "muchísimos colectivos, y hasta la sociedad, se desesperen con los trámites judiciales, porque es verdad que nuestra Justicia es segura pero lenta, pero tenemos que atenernos a lo que hay en el Estado de Derecho y la legislación vigente, sin abordar una acción por la cual nos demanden responsabilidades".
Hay que "ir con pies de plomo", ha resumido, apuntando a unos plazos de tiempo "no excesivos" --unos dos meses para el fallo de más importancia y un mes para saber si el Consistorio de Carboneras recurre la última sentencia-- para avanzar en el asunto.
Por lo demás, Serrano ha recordado que, a día de hoy, y a pesar de acuerdos realizados entre anteriores Ejecutivos, sólo existe un protocolo de intenciones para estudiar los costes de la demolición y la regeneración medioambiental.