Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha pedido que el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, que "abandone su puesto mientras se mantenga su imputación y hasta tanto no se resuelva el procedimiento judicial en el que está inmerso".
"Torrijos ya fue imputado en 2011 por el caso Mercasevilla y ahora vuelve serlo con motivo de las investigaciones llevadas a cabo en la Fundación DeSevilla, ha sido citado a declarar el próximo 18 de noviembre, acusado de usar presuntamente la fundación para fines particulares o partidistas", recalca UPyD en una nota, que señala que lleva en su programa electoral que "los imputados por delitos contra las Administraciones públicas no podrán ser candidatos en procesos electorales". A esto, suma que se aprobará la suspensión cautelar de empleo o cargo público de la persona contra la que existan en la causa "motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito y que también podrán ser suspendidos provisionalmente por decisión judicial los cargos públicos ya electos".
Advierte de que "muchas" empresas públicas, fundaciones o consorcios se han convertido en "verdaderas agencias de colocación para los afines de los partidos políticos". Por ello, desde UPyD se apuesta por "despolitizar las empresas públicas y sacar de sus consejos de administración a los políticos", algo que asegura que piensa también en referencia a los consorcios y fundaciones. "Para ello llevamos dando ejemplo desde hace mucho tiempo renunciado a ocupar puestos en sociedades públicas como RTVE, en las televisiones públicas madrileña y vasca, en cajas de ahorro y en muchas empresas públicas municipales de ayuntamientos en los que tenemos concejales", ha dicho la portavoz del Consejo Local de UDyD en Sevilla, Isabel Ceballos.
"La Fundación DeSevilla lleva varios años siendo noticia por motivos de presunta corrupción y en 2011 saltó a la luz el ERE exprés con el que IU premió a sus militantes y trabajadores de esta fundación antes de abandonar el poder y ante la presunta liquidación de la entidad que iba a llevar a cabo el nuevo alcalde popular, se han sucedido las denuncias contra esta entidad municipal", recalca.
En su opinión, "fue un auténtico agujero económico en el que se convirtió este ente público, con una nefasta gestión económica, con facturas sin contabilizar, duplicadas, entre otros, que llevan a pensar que el verdadero objetivo de la fundación fue el de transferir dinero público hacia el régimen castrista y organizaciones de ideología comunista en Latinoamérica", ha dicho Ceballos.