El grupo socialista en el Parlamento Europeo ha planteado una pregunta ante la Eurocámara, a instancias del PSOE de Granada, para conocer en qué estado se encuentra la segunda fase del proyecto de la línea de alta velocidad Antequera-Granada.
En la iniciativa, la eurodiputada Carmen Romero afirma que la comisión no ha recibido la solicitud de ayuda para la segunda fase del proyecto Antequera-Granada, aunque ya se ha certificado el 42 por ciento de los gastos totales, según una respuesta del comisario de Política Regional.
"El periodo de programación finaliza el 31 de diciembre de 2013 y es sabido que si la Comisión determina que el proyecto no es subvencionable habría que retirar la certificación a dichos gastos", señala la representante socialista.
"Esta respuesta del comisario de Política Regional sobre la situación de la fase II de este gran proyecto Antequera-Granada nos alarma sobremanera por la cercanía del plazo tope para presentar la planificación", añade la eurodiputada, quien además se refiere a la decisión del Ministerio de Fomento de cambiar esencialmente las características del trazado y la plataforma de esta línea de alta velocidad a su paso por Loja en un tramo de 18 kilómetros y a su llegada a la ciudad de Granada, donde estaba previsto el soterramiento y la llegada a la ciudad en los terrenos de la actual estación de ferrocarriles.
Por ello, la representante socialista pregunta si España ha remitido a la Comisión Europea la planificación de la fase segunda del proyecto de la línea de de alta velocidad Antequera-Granada para poder acogerse a la cofinanciación prevista en el Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013, ha informado el PSOE en una nota.
Además, la representante socialista pregunta en qué estado de planificación, de ejecución y de cumplimiento financiero se encuentran todos y cada uno de los grandes proyectos de alta velocidad ferroviaria que se presentaron por España y se acordó incluirlos por la Unión Europea en el Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013 y cuáles de ellos se encuentran en riesgo evidente de incumplimiento de los plazos acordados en la normativa europea.