El sindicato CCOO ha convocado un calendario de movilizaciones para pedir la libre absolución de los 22 trabajadores de Rober, concesionaria del servicio del transporte urbano en Granada capital, que han sido imputados por la Fiscalía por su actuación en un piquete informativo durante la huelga convocada entre el 30 de enero y el 20 de febrero de 2009.
Entre los acusados, que serán enjuiciados los días 6 y 8 de noviembre tras suspenderse la vista celebrada el pasado 23 de mayo por la ausencia de un imputado, se encuentra el secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, y todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de hasta cuatro años de prisión por un posible delito contra el derecho de los trabajadores.
Con motivo de este juicio, y con la reivindicación de una "sentencia justa", CCOO ha convocado dos manifestaciones que partirán a las 9,30 horas desde Plaza Nueva a los Juzgados de la Caleta los días 23 y 30 de octubre, así como dos concentraciones a las 8,30 horas para el 6 y 8 de noviembre.
El juicio, previsto en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, fue aplazado el pasado 23 de mayo por la ausencia de un imputado que se encontraba de baja médica por hospitalización.
En ese momento, el secretario general de CCOO en Granada, Ricardo Flores, mostró a los periodistas su confianza en que todos los imputados fueran absueltos porque simplemente "ejercieron el derecho de información y movilización en unos piquetes informativos".
Flores descartó que en aquella actuación de huelga hubiera "agresión" a trabajadores, pues "se les informó de forma verbal, educada y normal", al tiempo que consideró "inaudito" que la Fiscalía solicite hasta cuatro años de pena y se mostró convencido de que "la justicia hará justicia".
El juicio se fijó a raíz de una denuncia presentada por la anterior Gerencia de Transportes Rober por la actuación de los piquetes informativos en la citada huelga, al considerar que se produjeron "coacciones" al personal de la empresa e "interrupciones del servicio público de autobuses y de los servicios mínimos legalmente establecidos".
Finalmente, la Fiscalía calificó los hechos como un posible delito contra el derecho de los trabajadores y pide penas de hasta cuatro años de cárcel. Fuentes sindicales sostienen que el Ministerio Público ha mantenido su acusación pese a que la empresa ha retirado la denuncia tras alcanzar un acuerdo con los trabajadores, lo que ha motivado que el juicio siga adelante.