La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha evitado 505 desahucios en la provincia de Cádiz en el último año, con lo que el delegado territorial del ramo, Manuel Cárdenas, considera que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda "ha cumplido su objetivo primordial, que es que las personas que acuden a nosotros para evitar su desahucio permanezcan en sus viviendas gracias a nuestra labor de intermediación ante las entidades financieras".
Según ha concretado la Junta en un comunicado, entre el 8 de octubre de 2012 --fecha de apertura de la oficina-- y el 30 de septiembre del presente año, el programa ha abierto en Cádiz un total de 654 expedientes.
En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 53 personas, el 8,1 por ciento del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones.
La parte "fundamental" del programa es la intermediación. Un total de 505 personas han sido atendidas en esta fase, el 77,2 por ciento, y "todas han conseguido evitar su desahucio". Se trata, según Cárdenas, de "familias que tienen voluntad de pagar, pero que no pueden hacerlo porque no tienen suficientes ingresos", agregando que "gracias a la intermediación de la Consejería, estas personas siguen en sus casas a pesar de mantener una deuda con las entidades financieras".
De estas 505 familias, 88 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. La oficina les ha prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.
En esta misma fase de intermediación, 417 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.
En la fase de protección del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda la Consejería ha abierto en Cádiz 96 expedientes, un 14,7 por ciento del total. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Junta emplea "todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos".
A juicio de Cárdenas, estos resultados evidencian que "la política sí puede cambiar las cosas a favor de los trabajadores". No obstante, entiende que "en ningún caso deben llevar al triunfalismo, porque los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo sustenta no legislen a su favor".
En esta línea, señala que estas oficinas constituyen "una herramienta paliativa, no curativa", por lo que ha urgido al Ejecutivo a "dar solución a las miles de familias gaditanas que han sido víctimas de la inmensa estafa financiera e hipotecaria que llamamos crisis".
