El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha ordenado a la mercantil propietaria del Cortijo del Fraile, escenario del parque natural de Cabo de Gata ligado a la obra 'Bodas de Sangre' de Federico García Lorca, que acometa en el plazo de un año las obras para la consolidación y reparación del inmueble y le ha dado un máximo de 30 días para presentar el pertinente proyecto de actuación al tratarse de una edificación declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Las medidas se enmarcan en el decreto dictado el pasado día 6 por el que acuerda abrir de oficio el procedimiento para la declaración legal de ruina urbanística del monumento y por el que, en consecuencia, se advierte a 'Agrícola la Misión', con sede en Murcia, de que tiene un año de plazo para ejecutar la obra de restauración o, en caso contrario, el inmueble pasará a situación de venta forzosa y saldrá a concurso para que otro lo ejecute.
La resolución del Ayuntamiento de Níjar, que da traslado de la decisión a la Junta andaluza que también mantiene abierto un expediente administrativo sancionador contra la empresa, llega al tiempo que la Fiscalía mantiene abiertas diligencias de investigación para dirimir si estaría incurriendo en un presunto ilícito penal por "eludir" un auto judicial dictado el pasado mes de febrero que le obligaba a adoptar medidas para conservar y recuperar el Cortijo del Fraile.
El informe técnico que justifica la apertura del procedimiento de declaración legal de ruina del BIC, consultado por Europa Press, subraya que es "notorio" que el conjunto, que abarca casi 2.000 metros cuadrados, requiere las obras de conservación y rehabilitación "inherentes" al propietario según marca la normativa urbanística andaluza.
Hace alusión, en esta línea, que el procedimiento sancionador de la Junta contra 'Agrícola la Misión' le obliga a "consolidar y reparar el inmueble", así como a "elaborar un proyecto de conservación, así como a proceder al vallado del perímetro, obra actualmente ejecutada".
Los técnicos municipales de Níjar indican que el importe estimado del presupuesto de ejecución material de las obras de conservación y reparación ascendería a 520.000 euros, sin gastos generales, beneficio industrial e IVA, lo que hace que la cifra se eleve a 748.748 euros. Por otro lado, cuantifican según esta estimación los honorarios de redacción de este preceptivo proyecto de conservación en 62.920 euros.
"PELIGRO DE COLAPSO PARCIAL"
Según ese mismo informe, el estado actual de la edificación es "muy heterogéneo" ya que existen construcciones "parcialmente derruidas junto a otras aún en pie y otras al borde del colapso". Así, detalla que las zonas con una mayor degradación corresponde a la vivienda del pastor, el bebedero y pajar y la vivienda del cortijero, "con toda la estructura horizontal y parte de la vertical derruida".
Aún en pie pero en "grave estado de conservación y con peligro de colapso parcial", según subrayan, están vivienda principal, establos y capilla. Con respecto a esta última, apunta que tiene un sistema estructural "muy diferente" con una bóveda, arcos y contrafuertes, "que le han permitido mantenerse algo mejor que el resto". No obstante, avisa de que se aprecia "un importante deterioro de los muros y movimiento del campanario, con desplome hacía poniente".
Concluye que, con carácter general, existe "agrietamiento y disgregación" de los muros, podredumbre en forjados de madera, síntomas "evidentes" de agotamiento en las vigas, carencia de impermeabilización en las cubiertas, fisuras en las particiones interiores "que aún no han colapsado" y desprendimiento de pinturas.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha impuesto hasta cinco multas coercitivas a la empresa propietaria del Cortijo del Fraile ante su negativa a restaurar el edificio tras los requerimientos efectuados por el Gobierno andaluz. Supone un montante acumulado de 18.500 euros
La Junta la ha sancionado además con 30.000 euros por desatender varios de los requerimientos efectuados para consolidar, restaurar y rehabilitar el inmueble tras haber resuelto el recurso de alzada que presentó la propiedad sobre el expediente sancionador que se le abrió en febrero de 2012.
