El Tribunal de Cuentas ha abierto actuaciones previas para dirimir una posible responsabilidad contable por desvío de dinero público en la cuenta bancaria de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Almería de la que se habría malversado presuntamente una cuantía de alrededor de 300.000 euros, y por la que están imputados en vía penal dos exdelegados de este departamento entre los años 2009 y 2011, además de tres funcionarios.
El procedimiento está aún en fase preliminar por lo que no se ha citado a declarar a ningún implicado, según han indicado Europa Press fuentes jurídicas. No obstante, sí se ha remitido oficio al Juzgado número 1 de Almería, que se encarga de las diligencias penales para recabar datos sobre lo instruido hasta el momento y la filiación de algunos de los imputados.
El Tribunal de Cuentas ha incoado actuaciones previas después de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta andaluza pusiese en su conocimiento las irregularidades detectadas en un cuenta sin fiscalizar en la que se ingresa el canon forestal. El 85 por ciento de esa tasa que se cobra a cazadores, madereros y particulares es para los ayuntamientos, y el 15 por ciento para la Junta.
Fue la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente la que puso en conocimiento del interventor de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y esta Consejería trasladó a su vez las presuntas irregularidades al órgano fiscalizador.
Por otro lado, la titular del Juzgado número 1, Alejandra Rodero, ha ordenado una nueva batería de diligencias encaminadas a concluir la instrucción de la causa que se inició después de la denuncia formulada en febrero por el actual delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien declaró ante la jueza en calidad de perjudicado-denunciante.
Por el momento, ha prestado declaración en calidad de imputados por un presunto delito de malversación de caudales públicos los exdelegados provinciales Clemente García y Sonia Rodríguez, el el exsecretario general de la Delegación cuando García estaba al frente, A.S., y dos funcionarios, J.T. y M.G., este último a quien se atribuye presuntamente la realización de todas las disposiciones mediante cheque en la citada cuenta.
OFICIO A LA JUNTA
Fuentes judiciales han indicado que, entre estas diligencias, la jueza ha dictado oficio en el que requiere a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para que certifique o no que la cuenta bancaria objeto de la investigación era o no "finalista" y el dinero en ella depositado, por tanto, solo podía destinarse a trabajos selvícolas y aprovechamientos forestales.
Persigue que la administración autonómica corrobore lo declarado por los dos exdelegados provinciales, quienes apuntaron que no era "de libre disposición" sino que se trataba de "una cuenta finalista".
La jueza ha citado, asimismo, para principios de diciembre al último de los testigos en relación a los pagos que se efectuaron desde esa cuenta a los que tenía previsto tomar declaración, y ha remitido oficio a una empresa que, según apunta la investigación, realizó un ingreso en esa cuenta por error si bien le fue reintegrado el importe con posterioridad.
En la denuncia presentada por la Junta de Andalucía se recoge que con el exdelegado Clemente García se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros mientras que con su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, los movimientos presuntamente irregulares alcanzaron unos 100.000 euros. Con el actual responsable de la Delegación Territorial, la cifra ronda los 40.000 euros.
Entre las diligencias que ha practicado la magistrada instructora está el haber solicitado a la administración autonómica que certificase qué personas estuvieron autorizadas a acceder a la cuenta bancaria y durante qué periodo de tiempo tuvieron acceso los autorizados o claveros tuvieron acceso a la cuenta bancaria titularidad de la Junta. Asimismo, interesó al Gobierno andaluz que precisase los distintos funcionarios, cargos políticos o individuos que ostentaron facultades sobre dicha cuenta entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012.