La familia de un joven sevillano de 28 años ha emprendido una campaña para que abandone la cárcel japonesa donde está ingresado desde julio de 2012 y cumpla en España su condena de ocho años de prisión por tráfico de drogas.
La madre del joven, Dolores Bonachea, ha explicado a Efe que su hijo tenía ahorros, trabajo como albañil en San José de La Rinconada (Sevilla) y nunca había tenido problemas con la justicia, por lo que atribuye su implicación en el tráfico de tres kilos de droga a la mala influencia de la chica con la que hizo el viaje.
Esaúl Artacho Bonachea ha pedido cumplir su condena en España al amparo del Convenio de Estrasburgo de 1983, pero para iniciar el trámite debe pagar antes una multa de 40.000 euros que su madre intenta reunir con la ayuda de familiares y vecinos.
Dolores ha explicado a Efe que Enrique Abad, senador y exalcalde de La Rinconada, "ha llamado a todas las puertas" en apoyo de su hijo y también han presentado peticiones al Rey Juan Carlos, al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según su madre, la estancia de Esaúl en la cárcel Fuchu-Shi de Tokio está resultando una "condena psicológica" pues en ella existe un régimen de vida casi militar y su hijo fue castigado a permanecer inmóvil diez horas diarias, durante 22 días, mirando a una pared simplemente por haber roto el paso en la fila de presos.
Dolores ha afirmado que su hijo "asume su responsabilidad" por el delito cometido y solo pide que las autoridades japonesas inicien el trámite para el traslado, que puede tardar entre uno o dos años, sin esperar a que haya pagado toda la multa en efectivo o en días de trabajo penitenciario.
La embajada de España en Tokio ha comunicado a los padres que el Gobierno japonés autoriza el traslado de presos y de hecho en breve lo va a hacer con varios españoles, pero ello no suele producirse hasta que transcurran tres o cuatro años del comienzo de la condena y siempre que previamente se haya pagado toda la multa.
El abogado de los padres, Pablo Salazar, ha señalado a Efe que el procedimiento formal está "enquistado" porque ni España ni Japón "tienen claro qué país debe dar el primer paso para el traslado y si los trámites se pueden iniciar aunque no se haya terminado de pagar la multa", como defiende en sus escritos.
Esaúl Artacho fue detenido el 6 de julio de 2012 cuando llegaba al aeropuerto internacional de Narita en Japón con tres kilos de droga, por lo que fue juzgado en febrero de 2013 y condenado a ocho años de cárcel.
La dirección general de Españoles en el Exterior, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, respondió a una queja del Defensor del Pueblo que el joven contó en el juicio con la presencia de sus padres, del responsable de la Sección Consular de la embajada en Tokio y de otra trabajadora local japonesa, así como de una religiosa católica que realiza visitas a los presos.
Personal de la embajada, por su parte, ha visitado seis veces a Esaúl en la cárcel de Fuchu-Shi.
Según el abogado, los padres del condenado "están moviendo cielo y tierra para poder abonar la multa a la mayor brevedad", por lo que una de sus reclamaciones es que Japón determine el montante exacto dado que parte de la deuda se abona con el trabajo de su hijo en las fábricas que, en la misma prisión, elaboran piezas de ordenador, juguetes y bolígrafos.