El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado José Carlos Sánchez y otros concejales y exconcejales del PSOE por los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de desobediencia, así como a un extécnico municipal, por la supuesta recalificación de unos terrenos rústicos para ubicar en los mismos el recinto ferial de la localidad entre junio de 2005 y marzo de 2007.
Según reza en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el citado juzgado notifica la apertura de juicio oral contra estas personas, ya que, a juicio de la juez, estos hechos pueden ser constitutivos de los citados delitos por la aprobación del proyecto de actuación por razones de interés público y la construcción y ejecución del recinto ferial con la contratación de empresas sin apertura de expediente administrativo previo y sin respetar los requisitos establecidos en la legislación vigente.
Por ello, reclama a los acusados que en el plazo de un día presenten fianza de forma solidaria de 1,1 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles que, en definitiva, pudieran imponérsele.
Cabe recordar que en el auto de procesamiento, la juez consideró en cuanto al delito contra la ordenación del territorio, que el técnico de la obra la realizó "con conocimiento de la naturaleza del suelo como no urbanizable y de especial protección", indicando además que el exprimer edil y concejales socialistas votaron en su momento favorablemente las resoluciones que dieron lugar a la ejecución del recinto multifuncional "con conocimiento de la afección de suelo no urbanizable y de especial protección", por lo que también considera el delito de desobediencia.
A su vez, la juez considera probado que el 8 de junio de 2005 el exalcalde firmó convenios de permutas con los dueños de las fincas y para ello "no se llevó a cabo ningún expediente administrativo", así como que la secretaria del Ayuntamiento hizo constar de "la imposibilidad de realizar permutas sin expediente administrativo previo y sin respetar los requisitos establecidos en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía".
Por otro lado, en cuanto a la construcción del citado recinto, la juez señala que la secretaria del Ayuntamiento emitió un informe en 2006 en el que destaca "la inviabilidad de la actuación bajo la forma de proyecto de actuación por motivos de interés público conforme a la LOUA, y que lo procedente es la modificación del PGOU municipal para la alteración de la naturaleza del suelo y la consiguiente aprobación de un sistema general para la construcción del recinto multifuncional".
Del mismo modo, poco tiempo después la interventora informó negativamente del proyecto "ante la falta de fondos", y por su parte la Junta de Andalucía deniega la continuación de la tramitación como proyecto de actuación al no reunir los requisitos previstos en la LOUA y porque linda con una vía pecuaria, por lo que precisa la elaboración de un informe de evaluación de impacto ambiental, informe que tampoco se realiza. Sin embargo, a pesar de todo ello, se votó en pleno la aprobación definitiva del proyecto.
Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitó para Sánchez nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una corporación local por estos hechos, que fueron investigados tras una denuncia interpuesta por el actual Ayuntamiento de Bollullos, gobernado por independientes y el PP tras llegar a un pacto de gobierno.